Con penas de tres a cinco años de prisión serán castigados los servidores públicos que, con conocimiento y teniendo a su disposición los recursos económicos para desarrollar una obra licitada, permitan el deterioro significativo, el abandono, la destrucción o el encarecimiento de esta.
Las penas de prisión tendrían efecto siempre que la cuantía del daño sea de $20 mil a $500 mil. Así quedó establecido en el proyecto de ley 28, que modifica el Código Penal para incluir un capítulo sobre las sanciones por “obras licitadas”, que impulsó la diputada de Cambio Democrático (CD), Mayín Correa.
El documento, que ahora quedará en manos del presidente de la República, Laurentino Cortizo, estipula que cuando el daño sobrepase los $500 mil, la pena irá de cuatro a ocho años de prisión, pero si quien ordena la paralización de la obra es un superior jerárquico, la condena será de 5 a 10 años, “sin importar la cuantía”.
Esta propuesta, que fue presentada desde el periodo pasado, demoró para entrar en la agenda del pleno. De hecho, varios diputados de la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático que, junto a su aliado el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, cuentan con 40 votos, no apoyaban en un principio la reforma al Código Penal.
Norma. Reforma integral
El ‘Código Penal’ es uno de los que más cambios recibe en el Legislativo. Precisamente, la Comisión de Gobierno creó una subcomisión, que estará a cargo del diputado Juan Diego Vásquez, que tiene la tarea de plantear una reforma integral a la norma, en base a las más de 15 propuestas que existen en la Asamblea para modificar este código, sin tantos parches.
Debate
Durante el segundo y tercer debate, diputados de las distintas bancadas legislativas se mostraron a favor.
Es el caso del diputado de CD, Leopoldo Benedetti, quien dijo que es una iniciativa excelente y explicó que en su provincia, Colón, hay más de 75 edificios varados, que son un “caparazón”, que ya fueron licitados. Entre ellos mencionó el estadio Mariano Bula, el Municipio de Colón, el Minsa Capsi y la Ciudad Deportiva. “Es importante que cuando se vayan a licitar estas obras se den las fianzas”, señaló. Asimismo, indicó que en la mayoría de los proyectos, el Gobierno no ejecuta las fianzas y “se meten en un debate de reclamos que hacen que el plazo de la fianza se venza”.
Mientras que el perredista Jairo Bolota Salazar, quien también es de la provincia de Colón, manifestó que esta área es la mayormente golpeada con el tema de las obras inconclusas. Y de paso, aprovechó para culpar al expresidente de la República, Juan Carlos Varela (2014-2019), de no darle continuidad a las obras de la ciudad de Colón y de la Ciudad Hospitalaria en Panamá.
‘Idiota maldito’
La diputada Correa también culpó a Varela de que las obras se hubiesen parado en el país durante su gestión, señalando que todo se debió a sus diferencias con el expresidente Martinelli.
“Yo puedo hablar sobre obras públicas, porque las he hecho honestamente. Cuando un auditor le dice a usted que algo está mal, usted pone las denuncias, pero no para la obra, no para siete hospitales, no hace que se pague tres veces por un hospital... Nunca más un idiota maldito para dos mil millones de dólares en obras, porque había coima, pero hoy él está sentado en el banquillo de los acusados, también por coimas millonarias”, dijo.
Uno de los proyectos a los que aludió Correa, la Ciudad de la Salud, estuvo plagado de irregularidades desde 2012, en la gestión de Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando se otorgó la orden de proceder. Por ejemplo fue licitado a través de la modalidad de llave en mano, pero antes de 2014 pasó a fast track. Además, le colocaron paredes de pladur -una lámina parecida al gypsum- y no había registros sobre la donación del terreno para la obra, ni se tenía vía de acceso a las instalaciones.
En el debate, el panameñista Luis Ernesto Carles, quien apoyó la reforma, recordó que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa a la que se le dio la concesión, “es investigada en España por supuestos sobornos de $90 millones de dólares que se dio en la administración de Ricardo Martinelli”. Agregó que cuando un proyecto se mancha de corrupción, “hay que pararlo y por eso se detuvo esa construcción”.
“Si el gobierno del presidente Laurentino Cortizo se da cuenta que hay irregularidades en una obra, él tiene el derecho de pararlo para investigar (...) $90 millones se llevó esa empresa sobornada por allegados a ese Gobierno. Entonces, que no vengan a echar cuento de que si el gobierno panameñista, perredé... La corrupción hay que combatirla, sea quien sea”, acotó. A su vez, señaló que espera que el proyecto no sirva de “chivo expiatorio”.
Por su lado, el diputado independiente Juan Diego Vásquez apoyó la iniciativa, pero recordó que la actual Asamblea Nacional aprobó que empresas corruptas liciten con el Estado, tal cual quedó en la reformada ley de contrataciones públicas. “La corrupción tiene que ser sancionada”, dijo.
