Cinco sauditas fueron condenados a muerte ayer por el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, tras un juicio en el que, sin embargo, fueron absueltos el consejero del príncipe heredero y un responsable de la inteligencia, considerados los máximos sospechosos.
Jamal Khashoggi, un colaborador del Washington Post, fue asesinado en octubre de 2018, cuando tenía 59 años, durante una operación que sumió a Arabia Saudita en una de sus peores crisis diplomáticas, que empañó la imagen del príncipe heredero Mohammed bin Salmán, sospechoso de haber ordenado el crimen.
El periodista, crítico con el régimen saudita, fue estrangulado y descuartizado por un equipo de 15 hombres llegados desde Riad en el consulado del reino en Estambul, según responsables turcos. Sus restos nunca fueron hallados.
“Han sido condenados a muerte cinco hombres que participaron directamente en el asesinato”, dijo el fiscal.
Sin embargo, fueron absueltos Saud al Qahtani, consejero del príncipe heredero, y el número dos de los servicios de inteligencia, el general Ahmed al Assiri, considerados los dos sospechosos principales.
El general Assiri era sospechoso de haber supervisado el asesinato, tras el consejo de Saud al Qahtani, que fue investigado pero no acusado por “falta de pruebas”. Assiri fue investigado y acusado, pero absuelto por las mismas razones.
“El veredicto sirve para blanquear y no aporta ni justicia ni verdad para Khashoggi y sus familiares”, denunció en un comunicado Lynn Maalouf, directora de investigaciones sobre Oriente Medio en Amnistía Internacional.
“El veredicto no logra dirimir sobre la implicación de las autoridades sauditas en el crimen”, agregó, recordando que el juicio se celebró a puertas cerradas.
Por su parte, Agnès Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, consideró en Twitter que el asesinato fue una “ejecución extrajudicial de la que Arabia Saudita es responsable”.
En Reino Unido, la cancillería reclamó que el gobierno saudita se “asegure de que todos los responsables rindan cuentas”. Y Turquía, donde ocurrió el hecho, consideró que el fallo está “lejos de responder a las expectativas de nuestro país y de la comunidad internacional”.
