La jueza Amy Coney Barrett, candidata de Donald Trump a la Suprema Corte de Justicia, es conservadora, profundamente cristiana, opuesta al aborto. Pero en inmigración su historial es escaso y mixto.
Ha dado la razón al gobierno para frenar el avance de derechos de los inmigrantes, aunque no siempre. Si es confirmada por el Senado, ¿apoyará la agenda antiinmigratoria del presidente estadounidense?
Las audiencias para su confirmación comienzan hoy lunes y se anuncian como una batalla, ya que los demócratas urgen a aplazarlas hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.
Su confirmación parece casi asegurada ya que los republicanos cuentan con 53 de los 100 escaños del Senado. Pero dos no quieren elegir un nuevo juez antes de los comicios y tres padecen covid-19, lo cual podría privar a los republicanos de la mayoría, ya que el voto es presencial e indelegable.
Trump nominó a Coney para reemplazar a la fallecida jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, quien ayudó a impedir que su gobierno eliminara el programa DACA que permite a más de 700 mil jóvenes inmigrantes vivir y trabajar en Estados Unidos, y frenó una ley de Arizona que convertía en crimen el ser indocumentado. La nominada solo tiene tres años de experiencia como jueza federal en la corte de apelaciones del 7º Circuito, en Chicago. Los activistas proinmigración la critican porque como jueza de apelación defendió la voluntad de Trump de endurecer el decreto de “carga pública”, que permite negar una “tarjeta verde” o estatus de residente permanente a inmigrantes que podrían necesitar asistencia gubernamental.
En otro caso, se negó a dar protección humanitaria a un salvadoreño por inconsistencias en su testimonio.
En los últimos cuatro años, la Corte apoyó a veces la agenda antiinmigratoria de Trump, por ejemplo al prohibir los viajes a Estados Unidos de ciudadanos de varios países musulmanes como Siria, Yemen o Irán.
Sin embargo, falló en contra del gobierno al impedir la eliminación del DACA, y al no permitir al gobierno incluir en el censo de este año una pregunta sobre la ciudadanía.
Muzzafar Chishti, de la Universidad de Nueva York, recordó que Coney se opuso al gobierno de Trump cuando éste intentó eliminar una política que permite a los jueces migratorios cerrar indefinidamente casos de deportación, lo cual en los hechos permite a estos inmigrantes quedarse en el país.
Ella “es lo que llamamos una textualista estricta, y eso significa que estudia la formulación exacta de un estatuto o regulación, y no va más allá, o detrás de eso”, dijo Chishti.
Andrew Arthur, experto del Center for Immigration Studies, un centro de análisis conservador que busca reducir la cantidad de inmigrantes que llegan a Estados Unidos, la describió como una jueza concienzuda, que no se desvía de la jurisprudencia. “Si los conservadores esperan tener una jueza militante conservadora, creo que quedarán decepcionados con Barrett. Pero yo no estaré decepcionado con ella, porque quiero un juez que aplique las leyes”, dijo Arthur.
Si Coney es confirmada en el cargo vitalicio y se convierte en el tercer miembro conservador del máximo tribunal designado por Trump, algo inédito, el ala conservadora de la Corte, que a veces suele ganar por 5-4, podría disponer de una cómoda mayoría de 6 a 3.
Pero Chishti cree que el presidente de la Corte, John Roberts, tratará de compensar ese desequilibrio, como hizo al aliarse a los liberales para emitir votos decisivos sobre el DACA y el censo.
Roberts “no quiere que la corte se incline hacia un extremo; así que ahora se sentirá más forzado a llevar a la Corte al centro”.