El gobierno está a un paso de desembolsar millones de dólares en obras sin la debida inspección previa por parte de la Contraloría General de la República (CGR). Una de las obras que se pagaría es el cuestionado hospital modular de Albrook, por cuya estructura el contratista exige un pago de $7 millones.
Para hacer estos pagos sin las inspecciones previas que exige la normativa vigente, el contralor Gerardo Solís modificó la “Guía de Fiscalización” de esa entidad, a fin de que a las obras construidas bajo el procedimiento especial de “emergencia” se les incluya, a su vez, en otro procedimiento especial.
Este procedimiento permite pasar por alto las inspecciones previas que debe hacer la CGR a las obras contratadas por el Estado. En su lugar, el procedimiento se limitará a recibir la aceptación a “satisfacción” de la entidad contratante y el contratista, con lo que la CGR se libraría de responsabilidades futuras en caso de inconvenientes con la obra que se pagará, dejando toda la responsabilidad a la contratante.
La justificación de Solís está contenida en una resolución, fechada el 26 de noviembre pasado –y que lleva su rúbrica–, promulgada al día siguiente en la Gaceta Oficial. El documento de Contraloría indica que en la Ley de Contrataciones Públicas del 10 de abril de 2018, “no incluyeron un procedimiento de aceptación de obras en Estado de Emergencia”, basado en el artículo 79 de esta ley.
Es por ello –se justifica– que “se hace necesario contemplar un procedimiento, cuando por la naturaleza de la obra y por el Estado de Emergencia, la Dirección Nacional de Ingeniería no pueda realizar una fiscalización previa en campo y en conjunto con la entidad contratante o la unidad ejecutora de la obra”.
Esta Guía de Fiscalización de la Contraloría fue aprobada el pasado 13 de marzo, y es aplicable a la adquisición de bienes y servicios para el procedimiento excepcional de contratación “por urgencia evidente” y el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia, reguladas en los artículos 73 y 79 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, sobre contratación pública.
Lavado de mano
“La Dirección Nacional de Ingeniería [de la Contraloría] hará la declaración sobre las limitantes y salvedades que impidieron realizar la inspección previa de la obra por razón del Estado de Emergencia y responsabilidad limitada en el acta de aceptación final”, destaca el documento, con lo que la entidad deja abierta la puerta para que estas obras puedan ser refrendadas y pagadas sin cumplir los requisitos vigentes.
Con esta medida, la Contraloría “dará por concluida la etapa de aceptación final de la obra en base a las pruebas documentales presentadas por la entidad” contratante, con lo cual endilga toda la responsabilidad de la obra a esta última.
La Contraloría indica que hará una declaración en la que indicará que la entidad contratante “ha recibido a satisfacción y de conformidad con las especificaciones técnicas y términos de referencia” el proyecto ejecutado con fundamento en el citado procedimiento de emergencia.
Beneficiado
A finales de agosto pasado, Solís reveló a La Prensa que estaba “satisfecho” con la entrega del hospital modular, gracias a fotografías y documentos que presentó la empresa que construyó la estructura: SmartBrix Centroamérica.
Solís subrayó que eran “pruebas” para afirmar que los módulos usados por esta compañía para levantar la estructura del hospital eran “nuevos”.
Ello, pese a que SmartBrix no presentó factura de compra ni documento alguno que evidenciara la importación o procedencia de las estructuras que utilizó para construir el hospital.
La Autoridad de Aduanas confirmó a este medio que la empresa constructora no importó este año este tipo de estructura prefabricada. SmartBrix sí reportó en abril de 2019 la importación de 160 módulos de descarte, procedentes de Costa Rica.
Una investigación de este medio reveló que esas estructuras –que coinciden con la misma cantidad de módulos usados para construir el hospital modular, bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas– fueron usadas durante años por personal que construía una megaobra portuaria en las costas costarricenses.
El acta de aceptación final de la obra –en estado de emergencia– será suscrita por la entidad contratante –en calidad de dueño del proyecto–, así como por el contratista, y la Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría, la cual hará sus salvedades a fin de concluir la etapa de aceptación final de la obra.
Advertencia
Para el excontralor Alvin Weeden, es inadmisible que Solís “renuncie a la fiscalización previa”, debido a que esto se presta para que “se convaliden actos indebidos contra el patrimonio público”.
“Cada vez que la Contraloría no realiza el control previo, los escándalos y los atracos a los fondos públicos se incrementan”, advirtió el exfuncionario.
Weeden consideró que, bajo ninguna “excusa de emergencia”, la Contraloría puede “dejar de cumplir con sus deberes constitucionales de fiscalización”.
