Las reglas del descuento voluntario para que los servidores públicos donen al plan solidario del gobierno de Laurentino Cortizo, ya las conocen los directores de recursos humanos de las instituciones públicas.
La Contraloría General de la República informó ayer que puso a circular entre las oficinas institucionales de recursos humanos el instructivo para que los funcionarios, con salarios superiores a los mil dólares mensuales, autoricen la donación voluntaria de un porcentaje de su ingreso, para así incrementar los fondos del Plan Panamá Solidario.
El instructivo se aplica para las entidades del gobierno central, entidades autónomas, semiautónomas y empresas estatales que tramitan y autorizan descuentos a través de la Contraloría.
El descuento máximo que se podrá autorizar será de hasta 20% del salario bruto mensual, porcentaje que también podrá aplicarse a quienes, además del salario regular, tengan asignados gastos de representación.
La idea de que todo el que gane más de mil dólares al mes en el aparato estatal aporte “su granito de arena” fue planteada por Cortizo el 31 de marzo. Al principio se pensó que el descuento sería automático, y varios diputados advirtieron que los salarios de los servidores públicos están regidos en la Ley 92 de 1974, que adopta “medidas de protección al sueldo de los empleados públicos”, y no pueden ser objeto de descuentos de este tipo.
Los diputados ya habían rechazado una iniciativa del independiente Juan Diego Vásquez, que establecía que durante la crisis sanitaria se limitaría el pago a aquellos funcionarios cuyo salario mensual sea de más de $2,500. Los montos excedentes serían para mitigar la situación económica nacional.
Luego, el Ejecutivo hizo una consulta al respecto al procurador de la Administración, Rigoberto González, quien dijo que siempre y cuando esto sea de carácter voluntario, no es ilegal.
En este momento, casi todos los sectores de la economía han sido afectados, no así la planilla estatal, que es de unos 240 mil funcionarios. Todos siguen cobrando.
“Funcionarios, tenemos un trabajo. No estén agarrando ni las bolsas ni los bonos”, advirtió Cortizo hace poco, tras amenazar con “desvincular” (destituir) a quienes acepten estas ayudas.
Como efecto de la crisis, el Gobierno calcula una caída de los ingresos de entre 40% a 45%.
Hasta ahora, se ha conocido que el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, y la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, han pedido que se les descuente el 20% de sus salarios. Se desconoce de otros casos.