El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), que dirige Juan Pino, para contratar de manera “excepcional” al Grupo J & R Inc. para el proyecto de rehabilitación del edificio de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
La obra, que tiene un costo de al menos $4.9 millones, según se detalla en la resolución de gabinete número 53 del pasado 1 de septiembre, será ejecutada en momentos en que el país vive una de sus peores crisis económicas producto de la pandemia por el coronavirus.
En el documento se justifica que el proyecto tendrá un “alto impacto social”, porque proveerá a la DIJ de “instalaciones adecuadas” para llevar a cabo sus labores investigativas con “mayor seguridad y alcance”.
Se desconoce si la obra se realizará con presupuesto de 2020 o de 2021.
Si es con fondos de 2021, el Minseg tendrá uno de los presupuestos más cuantiosos de la administración pública: $824.5 millones. Y, de ese monto, $22.1 millones serán para construcción, reparación y ampliación de infraestructura, según consta en el proyecto de presupuesto del Estado para el otro año.
¿Por qué no se convocó a un proceso de licitación pública y, en cambio, se optó por un contrato excepcional? Este medio consultó sobre el asunto al Minseg, pero al cierre de esta edición no había respondido.
En la resolución de Gabinete dice que la empresa ya fue contratada en 2018 para realizar el diseño del proyecto, el contrato fue refrendado por la Contraloría y la compañía prestó el servició con satisfacción.
De acuerdo con el Registro Público, Grupo J & R Inc. tiene como presidente a José Alfonso Mariño Piñeros.
Génesis
La DIJ fue creada en 2007, durante el gobierno de Martín Torrijos.
Antes de su constitución, funcionaba la Policía Técnica Judicial (PTJ) adscrita a la Procuraduría de la Nación. Luego se decidió que ese brazo de investigación estuviera bajo el paraguas de la Policía Nacional.
La Ley 69 de 2007 estableció que el director de la DIJ sería un comisionado de la Policía. Durante la vigencia de la PTJ, sus directores fueron civiles. El actual director de la DIJ es Manuel Castillo.
Especialistas en seguridad pública han sugerido la necesidad de que sea un organismo independiente para garantizar la transparencia de las investigaciones cuando uniformados estén implicados en ellas.
