“Todos corremos peligro, esta es una situación muy difícil, pero nuestras vidas están en las manos de Dios”, declaraba el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, luego de una larga noche mediando con el gobierno para rescatar a un grupo de jóvenes que se refugió en una pequeña iglesia contigua a su universidad, que habían convertido en trinchera en protesta contra el gobierno. Allí pasaron la noche, entre ráfagas, compañeros heridos y dos cadáveres de estudiantes que recibieron disparos de hombres armados afines al gobierno.
Brenes, un líder religioso de 69 años, que dirige al arzobispado de Managua desde 2005, se notaba exhausto y agobiado ante la situación. No era para menos, la represión gubernamental durante tres meses había alcanzado ya más de 350 víctimas mortales, 2 mil heridos, así como cientos de detenidos y parecía dirigirse ahora hacia la Iglesia católica.
Desde que se inició la crisis, obispos y sacerdotes habían dedicado sus horas a mediar en el conflicto, salvar a estudiantes refugiados en los templos, liberar a detenidos de uno y otro bando, asistir con medicamentos y alimentos a las personas en peligro, y sobre todo, mediar un diálogo nacional suspendido por la violencia.
El 9 de julio, Brenes junto con el obispo Silvio Báez y el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, se dispusieron a liberar a nueve personas que se refugiaron en la Basílica de Diriamba, un poblado al sur del país que había sido tomado por los paramilitares del gobierno y amenazaban con ingresar a la iglesia.
Así lo hicieron. Los obispos y periodistas presentes fueron agredidos verbal y físicamente por un grupo de personas afines al gobierno que les acusaban de “asesinos, golpistas y de promover la violencia” en el país por apoyar a los ciudadanos autoconvocados alzados contra Ortega.
Días antes los obispos habían evitado un ataque a Masaya y su presencia replegó a los mismos armados. Esta vez no tuvieron éxito. La turba enardecida les acusaba de pertenecer a un plan golpista y los paramédicos refugiados en la iglesia fueron secuestrados ante la mirada impotente de defensores de derechos humanos, religiosos y la prensa, que tuvieron que abandonar la iglesia acuerpados por la Policía Nacional.
El gobierno, por su parte, en la voz de Rosario Murillo, justificó la acción afirmando que “entendemos que se expresen esas emociones, ese sufrimiento, y estamos seguros de que el señor nuncio entiende cómo se expresa”. El cardenal Brenes declaró que sintieron una fuerza brutal y que “nunca habíamos visto en Nicaragua situaciones así, verdaderamente es triste”, expresó.
Ese mismo día, la parroquia Santiago de Jinotepe (Carazo) era saqueada por estos grupos progobierno, quemando víveres y medicinas que la población había trasladado para las personas que levantaron barricadas. El padre Jalder Hernández y Eliseo Hernández eran agredidos y humillados públicamente por estos grupos, custodiados por policías y encapuchados armados.