La corrupción afecta la habilidad del Estado para nutrir la democracia y salvaguardar los derechos humanos de la población.
Este fue uno de los temas analizados ayer en el conversatorio “Impactos de la corrupción en los derechos humanos y la democracia”, organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, a propósito de que el pasado 9 de diciembre fue el día internacional contra la corrupción.
“La impunidad está afectando el tejido social panameño de forma dramática”, dijo Olga de Obaldía, directora de la oenegé.
La corrupción impacta los derechos humanos
La profundización de la pobreza, la desigualdad y el deterioro del imperio de la ley, son algunas de las consecuencias de la corrupción. Así lo expuso Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social, y defensora de los derechos humanos, en el conversatorio “Impacto de la corrupción en la democracia y los derechos humanos”, organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
El panel profundizó sobre cómo afecta la corrupción en la capacidad del Estado para mantenerse en un sistema democrático y así asegurar que los derechos humanos de sus ciudadanos se mantengan protegidos.
Calderón también habló de la necesidad de profesionalizar el servicio público y sobre el impacto que esto tiene en los derechos humanos de los ciudadanos.
“Para que una institución pueda cumplir su cometido, en el marco de garantizar aquellos derechos que sean de su competencia, tiene que tener funcionarios idóneos”, sustentó. En Panamá, añadió, el servicio público se ve sujeto a las realidades políticas del momento.
Otra de las panelistas fue María Soledad Porcell, abogada activista en derechos humanos. Ella habló sobre la figura de la extinción de dominio como componente importante para el combate al soborno, y al crimen organizado, y para la recuperación de activos. En Panamá, un proyecto de ley que establece la legislación de extinción de dominio espera debate en la Asamblea Nacional. Fue presentado por el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, en abril pasado.
Esta norma permitiría que se traspase al Estado la titularidad de los bienes obtenidos de forma ilícita y adquiridos con fondos poco claros.
Porcell considera que la ley plantea una posibilidad para avanzar en la lucha anticorrupción e hizo un llamado a la sociedad civil organizada, para que trabaje a favor de mejorar el proyecto de ley.
Durante la sección de preguntas y respuestas, hablaron de la importancia de la sensibilización y educación cívica, para que los ciudadanos sean “titulares” de sus derechos humanos, entre otros temas.
