La Corte Suprema de Justicia revocó una decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que negó un reclamo promovido por Disur & Motion Health Care, uno de los dos consorcios que presentó ofertas a la Caja de Seguro Social (CSS), para prestar el servicio de almacenamiento y distribución de medicamentos, con un precio de referencia de $200 millones.
Se supone que este acto público está suspendido, como señalaron el presidente, Laurentino Cortizo, y el director de la CSS, Enrique Lau, el pasado 11 de abril.
Ahora, la Corte Suprema trae el tema a colación, a través de un fallo de 17 páginas, emitido el pasado 24 de septiembre, que concede un amparo a favor de Disur contra de la resolución No. 268 del 6 de abril de 2020, que firma el director de Contrataciones Públicas, Raphael Fuentes. En ese documento, Fuentes negó un reclamo promovido por Disur contra un informe de la comisión evaluadora, que descalificó su propuesta.
El pasado 6 de octubre, en una entrevista con La Prensa, Lau fue cuestionado por el estatus de esa contratación. “Eso fue un linchamiento mediático. Nosotros hemos proporcionado toda la información que nos ha pedido la Procuraduría de la Administración, la Autoridad Nacional de Transparencia y la Procuraduría de la Nación, por lo que estamos a la espera de que ellos terminen sus investigaciones. El contrato está suspendido”, indicó.
Fallo revive licitación de CSS
El 11 de abril pasado, en plena pandemia del nuevo coronavirus, el presidente Laurentino Cortizo y el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, anunciaron, por separado, la suspensión del acto público para contratar los servicios de almacenamiento y distribución de medicamentos en la Caja, por $168 millones.
Este contrato había sido adjudicado –tres días antes– al consorcio Salud en Control, integrado por la panameña PMG Logistics Corp. y la mexicana Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., conocida también como Intermed, sociedad investigada en su país de origen por supuestos actos de corrupción, defraudación fiscal y operaciones simuladas, de acuerdo con reportes periodísticos de México.
Tanto Cortizo como Lau señalaron que la suspensión se mantendría hasta “superar” la crisis de la Covid-19. De parte de la CSS, explicaron –además– que encomendarían a la Dirección Nacional de Compras y a los abogados de la institución que investigaran “la veracidad o no, de las denuncias hechas en los medios” mexicanos sobre los antecedentes y escándalos ligados a los dos proponentes que se presentaron al acto: el ya mencionado Salud en Control y el consorcio Disur & Motion Health Care, formado por la panameña Sistema Neumáticos de Envíos, S.A. y la mexicana Disur & Motion Health Care. Este último ofertó $129.5 millones ($39.5 millones menos que el otro proponente), pero fue descalificado por la comisión evaluadora al considerar que no cumplió con los requisitos mínimos obligatorios.
Después de analizados los informes recibidos, instruí a la @CSSPanama suspender la contratación prevista hasta superada la crisis del #COVID19, tiempo en el cual se deberán sustentar las posibles acciones para hacer frente a las demandas de los panameños.
— Nito Cortizo (@NitoCortizo) April 11, 2020
Desde aquella suspensión, han transcurrido 201 días. Ni la crisis del coronavirus ha sido “superada” ni se conoce resultado alguno de la presunta investigación que –según Lau– realizaría la Dirección Nacional de Compras y los abogados de la CSS.
Ahora se sabe que esa declaratoria de suspensión no fue más que un acto verbal, reproducido en Twitter y nada más, ya que de ello no hay constancia en el portal Panamá Compra. Por tanto, el acto se mantiene vigente, salvo que ahora, estimulado con una intervención de la Corte Suprema de Justicia, a favor del consorcio previamente descalificado por la comisión evaluadora.
El pleno –con ponencia de la magistrada María Eugenia López Arias– revocó una resolución –la No. 268 de 6 de abril de 2020–, en la que el director general de Contrataciones Públicas, Raphael Fuentes, negó el reclamo promovido por Disur & Motion Health Care en contra del informe del 30 de marzo de 2020 de la comisión evaluadora, que descalificó su propuesta.
Fuentes no admitió la impugnación de Disur por considerar que Marino Antonio Fernández Paniagua, que presentó el reclamo en calidad de apoderado especial del consorcio, no se encontraba legítimamente facultado para interponer ese tipo de acciones.
En el amparo de derechos fundamentales que los abogados de Disur –Alex Sánchez y Ángel Álvarez– presentaron ante la Corte Suprema, alegaron que la decisión de Fuentes riñe con las garantías del debido proceso, el derecho a ser oído, el derecho a impugnar y el derecho a la personalidad jurídica.
El pleno de la Corte, al conceder el amparo el pasado 24 de septiembre, declaró que la Dirección General de Contrataciones Públicas violentó el debido proceso y “con ello se desconoció el derecho del Consorcio Disur & Motion Health Care a ser escuchado y hacer uso, antes de la adjudicación, de un medio de impugnación consagrado por la Ley de Contratación Pública”.
De hecho, la resolución impugnada por Disur fue expedida el 6 de abril y, al día siguiente, Lau firmó la adjudicación del contrato del servicio para el almacenamiento, distribución y dispensación de los medicamentos, a nivel nacional, a favor del consorcio Salud en Control.
Desde esa fecha –7 de abril– a Panamá Compra no ha ingresado ningún documento que indique que la resolución de adjudicación que firmó Lau no está vigente o que el 11 de abril fue “suspendida” a solicitud de Cortizo o la dirección de la CSS.
