El Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció ayer una resolución en la que pide al Estado del Perú “abstenerse de implementar” una sentencia que permite la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), encarcelado por crímenes contra sus opositores.
Según la Corte-IDH, la decisión del Tribunal Constitucional de Perú “no efectuó una ponderación que tomara en cuenta la afectación que tiene el indulto por graves violaciones a los derechos humanos en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares”.
Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000, fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad tras ser extraditado desde Chile en 2007.
El pasado 1 de abril, Perú aseguró que acatará cualquier decisión de la Corte-IDH sobre si Fujimori debe continuar en prisión, pese a una resolución de su Tribunal Constitucional que permite su excarcelación.
“La decisión que [la Corte-IDH] tome será implementada por el Estado de la manera más pronta posible”, dijo entonces el procurador Carlos Miguel Reaño, el abogado del Estado peruano.
El pasado 17 de marzo, el Tribunal Constitucional peruano restituyó a Fujimori, de 83 años, un polémico indulto que le había concedido el presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017 y anulado 10 meses después por la justicia.
Fujimori está acusado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 víctimas durante su gobierno.
Estas masacres fueron señaladas como crímenes de lesa humanidad por perpetrarse mediante homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, según sentencias de la Corte-IDH de 2001 y 2006.
