Tal como lo prometió el pasado domingo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, dio a conocer que sancionó el proyecto de ley 756, mediante el cual se permite que la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, se pueda postular para un tercer periodo como rectora.
La sanción presidencial apareció este viernes, pasadas las 5:00 p.m., en la Gaceta Oficial, modificando así la Ley 4 de 2006, que reorganiza la Unachi, y le da autorización a Medianero de Bonagas para postularse a un tercer periodo, al igual que permite a los decanos, vicedecanos y directores y subdirectores de centros regionales optar por un segundo periodo consecutivo.
Además, el personal administrativo de la Unachi con dos años o más de servicio continuo tendrá derecho a la permanencia en la forma en que determine el reglamento que para tal fin apruebe el Consejo Administrativo y el Consejo General Universitario. Además, se le garantiza el pago de primas de antigüedad a los docentes y funcionarios administrativos permanentes y eventuales cuando se dé por terminada su relación laboral con la Unachi.
Fiesta anticipada
La Prensa fue informada que la noche de este jueves 31 de marzo de 2021 –un día antes de conocerse la sanción de la ley– hubo reunión de festejos e, incluso, fuegos artificiales en la residencia de la rectora Medianero de Bonagas en Chiriquí.
Entre tanto, fuentes confiables aseguran que en la Unachi se ha ordenado buscar votos a favor de la rectora. Para ello, funcionarios, en horas laborables, se dedican a hacer campaña y proselitismo político a favor de la rectora, mientras que sus adversarios no gozan del mismo privilegio.
Con la aprobación de esta ley, además se le da luz verde a los nombramientos de familiares de allegados a la rectora, según las mismas fuentes.
Veto a los patronatos
Por otro lado, Cortizo vetó el proyecto de ley 550, “que plantea un nuevo marco regulatorio general para las instituciones que se regentan por patronatos, consejos de gestión pública, comisiones, programas y otras entidades similares creados por el Estado”.
Cortizo devolvió este proyecto a la Asamblea Nacional, aduciendo que al analizar las observaciones presentadas por los ministerios de Salud y de Economía y Finanzas, la Caja de Seguro Social y los patronatos de cuatro hospitales públicos, “he encontrado razones que permiten objetar parcialmente, por inconvenientes, los artículos 1, 9 y 10″, sostuvo.
