LEGISLATIVO

Crece el rechazo a los cambios a la carrera judicial

Crece el rechazo a los cambios a la carrera judicial
Por estos días, la Corte Suprema de Justicia da los primeros pasos para implementar la carrera judicial. Archivo

Pese a que el pleno de la Asamblea Nacional decidió no abordar ayer en segundo debate el proyecto de ley 239, que plantea cambios a la Ley 53 de 2015 de la carrera judicial, las voces de rechazo contra dicha propuesta van en aumento.

Sobre este tema ya se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Movimiento Independiente de Panamá.

Los diputados buscan aprobar la propuesta en segundo y tercer debate en medio de la cuarentena total decretada por el Gobierno para frenar el Covid-19.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia, conformada por, al menos, 20 sectores de la sociedad civil, ha anunciado que no aceptará que se premie el tráfico de influencias, el oportunismo y el juegavivo en el proceso de la carrera judicial, puesto que la reforma planteada por la Comisión de Gobierno pretende que ingresen a dicho régimen todos los funcionarios judiciales que tengan tres años o más en sus puestos.

Exigimos concursos por méritos y respeto a la ley de carrera judicial y la Constitución”, manifestó.

De aprobarse que todos los funcionarios judiciales con tres años o más en sus puestos ingresen a la carrera, estos entrarían sin concurso de méritos. Se incluirían a “todos los funcionarios que fueron nombrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, violando la Constitución y la ley desde el año 2016, nombramientos que han sido rechazados por varios sectores del país. Muchos de estos nombramientos recayeron en asistentes y personas cercanas a los magistrados de la Corte, lo que fue denunciado en su momento”, advirtió la Alianza Ciudadana en un comunicado.

La propuesta establece la modificación del artículo 304, inherente a la conservación y derecho de estabilidad de los funcionarios, para que gocen de ésta “quienes hayan ocupado puestos de la carrera judicial y del Órgano Judicial los últimos cuatro años o quienes estén ocupando puestos de la carrera judicial por tres o más años y tengan 10 o más años de servicio en la institución. Para alcanzar la estabilidad, el funcionario será sometido a dos evaluaciones de desempeño que deben ser superados con resultados satisfactorios…”.

Por su parte, el Movimiento Independiente también considera que no es momento para que la Asamblea entre a discutir un tema de gran relevancia, pues, a su juicio, el proyecto 239 “pone en riesgo los principales logros de la carrera, agregando un artículo que elimina los concursos para cientos de jueces y funcionarios que fueron nombrados discrecionalmente y en violación a la ley de carrera judicial por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el año 2015”.

Ayer, durante la sesión del pleno Legislativo, el secretario general de la Asamblea solo leyó la nota que envió la magistrada María Eugenia López, presidenta de la Sala Penal de la Corte, al diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, quien, junto a la diputada Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, presentaron la mayoría de los cambios a la ley de carrera.

En la misiva, López afirmó que le suministró un cuadro de 18 páginas en el que plantea “detalladamente” las inconsistencias del proyecto con las recomendaciones de las consultorías efectuadas por organismos internacionales. López recordó que el propósito de la carrera judicial es “dotar a la judicatura de un estatuto que provee a nuestra institución de los mecanismos y herramientas que garantizan que los procesos de recursos humanos se desarrollen fundamentados en la competencia e idoneidad ética y técnica de todos sus miembros”.

Los diputados también plantean cambios al artículo 97, que actualmente establece que el personal de secretaría y de servicios adscrito a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como escribientes, asistentes, conductores, citadores y porteros, así como asistentes de magistrados y jueces, y sus secretarios ejecutivos, serán de libre nombramiento y remoción. No obstante, se le agregó esto: “el tiempo de servicio en la institución le será computado como parte de su experiencia laboral en los procesos de concursos abiertos en los que aspiren a un puesto de carrera judicial [...]”.

Entre los cambios, se establece una reducción de la mitad del valor de uno de los criterios clave para seleccionar jueces o magistrados. Se trata de la entrevista a los aspirantes, la cual ahora no tendrá una ponderación del 20%, sino del 10%. Esta entrevista está a cargo de representantes de la sociedad civil organizada.

El proyecto para reformar esta norma llegó a la Asamblea de la mano de Berta Moreno, suplente del perredista Néstor Guardia.

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