De la noche a la mañana, los términos contrataciones directas, compras excepcionales y contratos especiales y de urgencia se instalaron en la dinámica del Estado.
El gobierno se vio obligado a hacer millonarias compras de insumos sanitarios y productos de consumo masivo para hacerle frente a la pandemia.
Para eso, la administración de Laurentino Cortizo, a través de la resolución 18 del pasado 31 de marzo, dio vía libre para pactar contrataciones especiales por hasta $427 millones por un periodo de 180 días.
En ese mismo documento, se autorizó al Ministerio de la Presidencia, a cargo de José Gabriel Carrizo, a asignar las partidas a las distintas entidades; y al Ministerio de Economía y Finanzas, que dirige Héctor Alexander, se le otorgó el papel de garantizar los recursos.
La CAF recomienda
En este escenario, reducir los riesgos de corrupción asociados con las compras públicas durante la emergencia es uno de los principales desafíos que tienen los Estados por estos días.
Así lo plantea el Banco de Desarrollo de América Latina, (CAF), organización que en un estudio dado a conocer recientemente sugiere aspectos con los que los gobiernos pueden blindarse de la corrupción: rendición de cuentas basada en resultados, publicidad de la contratación directa de emergencia, y digitalización.
“Los riesgos de corrupción suelen incrementarse en tiempos de crisis. Pero si las nuevas tecnologías se complementan con el análisis de los datos para el monitoreo de la pandemia, lograríamos reducir los riesgos. Los datos abiertos son esenciales para una gestión óptima de la crisis sanitaria y los programas de emergencia”, manifesta Carlos Santiso, a cargo de la Dirección de Innovación Digital del Estado de la CAF.
Cuando la CAF habla de rendición de cuentas basada en resultados, recomienda el uso del software OpenRBF, una herramienta tecnológica de código abierto que administra el resultado basada en resultado y desempeño de los sectores salud, educación y gobierno.
Sugiere que los procesos de compras deben ser abiertos y públicos. “La publicidad en la contratación no solo solo permiten mostrar a la ciudadanía las actuaciones del gobierno, sino maximizar el nivel de respuesta a sus solicitudes de abastecimiento. Las contrataciones abiertas ayudan a que los gobiernos logren satisfacer sus demandas bajo procedimientos de emergencia”, asegura el organismo.
En digitalización, propone basarse en el Acuerdo Marco de Precios (AMP), instrumento que permite contratos entre un comprador y uno o varios proveedores, bajo condiciones especiales de precio y suministro de ciertos bienes o servicios.
“Los proveedores son seleccionados en un mecanismo licitatorio para entrar en el AMP. Una vez allí, ellos reciben las necesidades de abastecimiento y harán sus ofertas, de modo que el comprador elige la que mejor se ajuste a su requerimiento”, dice el estudio de la CAF.
Panamá
Si bien Panamá creó varios sitios en los que la ciudadanía puede informarse sobre los avances de la gestión sanitaria para mitigar los efectos de la pandemia, hasta el momento no existe información detallada de lo que el Gobierno ha gastado en la crisis. No se conocen los nombres de las empresas que le han vendido insumos al Estado.
En el portal Panamá Compra, sitio oficial de contrataciones del Estado, hay pocos datos sobre las compras de la pandemia. Hasta ayer, por ejemplo, en ese sitio no se reflejaba ninguno de las contrataciones que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para las bolsas de comida que se entregan a través del plan Panamá Solidario. Ni las compras del Ministerio de Salud.
El Ministerio de la Presidencia subió alguna información a Panamá Compra. Por ejemplo, un contrato directo con la empresa CPSH S.A., que preside Mario Luis Barletta Arce, por $2.6 millones, para el desarrollo de las campañas educativas, sensibilización, prevención y control de la pandemia.
También aparece otro contrato con Mercadeo Integral S.A. por $1.7 millones para servicios publicitarios estratégicos de branding, mercadeo y comunicación. Esta empresa está dirigida por Carlos Guilermo De Ycaza.
Figura otra transacción por $858 mil 200 con la empresa Punto Aparte Publicidad, que dirige Guillermo Ernesto Bárcenas. Mientras que a la Unión Publicitaria, de Ramón Gateno, se le dio un contrato por $398 mil 748. También se registra la compra de 30 mil libretas de bonos por $1.5 millones.
Entre las grandes interrogantes de la ciudadanía está el costo real del hospital modular para atender a pacientes de Covid-19. Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas, al comienzo habló de $6.5 millones. También se desconocen los criterios con los que se eligió directamente a la empresa Smartbrix Centroamérica, S.A., a cargo del proyecto.