Las consultorías para imagen, comunicación o gestión de personal, entre otras, sobreviven a la crisis económica en varias entidades del Estado.

La Caja de Seguro Social, la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), la Contraloría, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República son algunas de las entidades que han gastado o pretenden gastar miles de dólares en este rubro en medio de la pandemia.

Si se suma todo lo que desembolsaron o desembolsarán en estos servicios, el monto es $2.5 millones.

Por ejemplo, la Unachi, que dirige Etelvina de Bonagas, una de las funcionarias mejor pagadas del Estado ($13 mil 666 en salario mensual), gastará $320 mil en una consultoría para el desarrollo de la comunicación estratégica.

El contrato directo se le otorgó a Venqis S.A., una empresa que trabajó en la campaña del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y que ya ha recibido contratos para asesorías de imagen por parte de la Contraloría ($49 mil) y de la Asamblea Nacional ($49 mil).

Consultorías a la carta

Una práctica que no ha cesado en la administración pública, pese a la pandemia, es la contratación de consultorías en comunicación, relaciones públicas o afines.

Al menos cinco instituciones han hecho uso de este servicio, pese a la contención del gasto. Sin embargo, el mundo de las contrataciones estatales es complejo y a veces opaco, por lo que podrían haber más contratos, pero no son públicos.

La CSS

La Caja de Seguro Social (CSS), institución que dirige Enrique Lau Cortés y una de las más involucradas en el manejo de la crisis generada por la Covid-19, gestionó en julio de este año un contrato de consultoría comunicacional y de relacionamiento estratégico por un monto de $125 mil.

La empresa seleccionada mediante procedimiento excepcional fue The Corporate Diplomacy Inc., representada por Alejandro Félix de Sousa. La consultoría, según los documentos, tiene una duración de cuatro meses y contempla informes mensuales. Además, la empresa se comprometió a desarrollar un plan de manejo de crisis para la institución.

Bien conectada en el PRD

En la lista de empresas favoritas para mejorar la imagen, la reputación o para hacer brillar las comunicaciones de las entidades estatales está Venqis S.A, escogida de manera “excepcional” por la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y por la Contraloría General de la República.

La contratación con la Unachi fue publicada en Panamá Compra el pasado 27 de octubre. Tiene una duración de dos meses y le cuesta a los contribuyentes $320 mil. El borrador del contrato contempla cuatro pagos de $80 mil cada uno e incluye una estrategia de comunicación, el desarrollo de una página web y compra de espacios publicitarios en medios, entre otros.

La rectora de la Unachi, Etelvina de Bonagas, quien recibió un generoso aumento del salario en medio de la pandemia, es la encargada de gestionar el servicio en nombre de la institución.

En tanto, la asistencia que Venqis S.A. dio a la Contraloría, entidad que dirige Gerardo Solís, costó $49 mil 487 y tuvo una duración de cinco meses (enero-mayo pasado).

Según el borrador del contrato, el servicio incluyó reuniones quincenales y campañas de redes sociales. Además, se contemplaron 10 talleres de vocería para, precisamente, la vocera de la institución, puesto que actualmente ocupa Rocío Rodríguez Lu (salario mensual de $4,200), hermana de la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez.

El representante legal de Venqis S.A., según datos del Registro Público, es Andre Golabek.

En 2019, la Asamblea Nacional, órgano bajo la batuta del perredista Marcos Castillero, también pagó $49 mil a Venqis S.A por una consultoría similar.

En ese entonces, la Asamblea gestionaba la ayuda para elaborar una estrategia de cambio de imagen y marca institucional.

Esta empresa también prestó servicios profesionales en materia de comunicación al oficialista PRD, de acuerdo con documentos que suministró el colectivo al Tribunal Electoral (TE).

Los $299 mil

La Asamblea también gestiona por estos días otro contrato para mejorar su imagen. Se trata del otorgado a CPSH, S.A., empresa afiliada a Star Communications Holding, de Mario Barletta. El servicio cuesta $299 mil y una de las justificaciones que plantea el palacio Justo Arosemena para este gasto es por “los continuos ataques muchas veces infundados, por parte de los medios de comunicación y redes (...)”.

Registros del TE revelan que Mario Barletta, representante de la sociedad, fue uno de donantes de la campaña del diputado Benicio Robinson. Este reportó que Barletta le donó $50 mil.

El ejemplo

Estos contratos se suman al más onerosos de todos: el de $1.7 millones para la “planeación estratégica de imagen de la cabeza de gobierno como primer motor que mueve el país”. El Ministerio de la Presidencia y Mercadeo Integral, S.A., cuyo representante legal es Carlos Guillermo de Ycaza, directivo del Banco Nacional, pactaron este contrato en marzo pasado, durante los primeros días de la crisis sanitaria. En el documento que sustenta el servicio se detalla el apoyo en branding gubernamental y, al igual que todos los anteriores, fue asignado a través de la figura de “procedimiento excepcional”, por “urgencia evidente”.

¿Son necesarios?

El debate también se centra en el papel de los departamentos de prensa, comunicación y relaciones públicas. En algunas entidades del Estado hay más de 30 servidores públicos en estas posiciones, con salarios de hasta $5 mil.

Otras voces también cuestionan la poca “empatía” de las entidades por incurrir en esta práctica en medio de la pandemia: “Es inaudito este nivel de falta de empatía y gasto discrecional de la @asambleapa la emergencia se ha convertido en un pillaje, con esta institución que no entiende su rol ni respeta su deber de representación de sus electores”, escribió Olga de Obaldía, de Transparencia Internacional, en su cuenta de Twitter, para referirse a la consultoría de la Asamblea.

En el pasado

Este tipo de contrataciones no son exclusivas de este Gobierno. En la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la batuta de Eyda Varela de Chinchilla, dio un contrato de $160 mil de manera directa a Nova Corporate Communications, S.A. para comunicación y relaciones públicas, a pesar de que tenía una oficina de Información y Relaciones Públicas, en la que trabajaban 41 funcionarios.