Cristiana Chamorro Barrios, la principal líder de la oposición en Nicaragua, quedó bajo arresto domiciliario el pasado miércoles por una acusación de lavado de dinero impulsada por el régimen de Daniel Ortega, quien gobierna el país centroamericano desde 2007.
Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó en 1990 a Ortega en las urnas cuando buscaba su reelección tras su primer gobierno (1985-1990), había expresado su intención de representar a la oposición en las elecciones del 7 de noviembre, que busca evitar un cuarto mandato de Ortega.
La acusación que hace el Ministerio Público contra Chamorro se basa en una denuncia del Ministerio de Gobernación y pretende que se le inhabilite para ejercer cargos públicos “por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.
El proceso por la presunta comisión del delito de lavado de dinero deriva de su condición de exdirectora de la Fundación Violeta, organización que en febrero pasado cerró sus puertas para no verse sometida a la ley de Agentes Extranjeros promulgada por el gobierno de Ortega.
Esa ley, aprobada el 15 de octubre de 2020, según Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), tuvo como objetivo “impedir el financiamiento de los partidos de oposición” y perjudicar a los medios que recibían ayuda de fundaciones.
Constantes violaciones a los derechos humanos
Pero las acciones contra Chamorro, que han merecido la condena internacional empezando por la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y representantes de la Unión Europea, solo es el corolario de una serie de hechos que evidencian “los atropellos de la dictadura”, según el portal Huellas de la Impunidad, un proyecto periodístico independiente que busca rescatar la memoria de Nicaragua.
En su sitio web: huellasdeimpunidad.org/, la organización ha documentado la “violación sistemática de los derechos humanos” que se recrudeció con las protestas ciudadanas masivas que exigían la salida de Ortega del poder en abril de 2018.
Se trata de “centenares de violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la vida, derecho de acceso a la justicia, libertad de expresión y prensa, entre muchos más, violaciones a miles de nicaragüenses que permanecen en total impunidad”, indica.
Según estos reportes, el 90% de los asesinatos ocurridos entre 2018 y 2019 quedaron impunes. De los 341 ciudadanos que murieron en ese contexto, el gobierno investigó y llevó a juicio solo 22. Es decir, según el portal, el régimen se interesó en conocer la “verdad”, a medias.
Ello quedó claro tras el informe de la comisión de investigación que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Claudia Paz y Paz, miembro del GIEI, aseguró que en todos los casos judiciales analizados por ellos se observó “una mala actuación de la fiscalía”. Así, las detenciones a manifestantes se utilizaban para justificar aquellos casos que causaban mayor conmoción.
Citó el asesinato del periodista Ángel Gahona, el 21 de abril de 2018, en Bluefields.
Paz y Paz, citada en este reporte, señala que no cree que el Poder Judicial “esté en una posición de independencia para poder llevar investigaciones serias y basadas únicamente en evidencia”. Todo lo contrario: el sistema se encuentra “parcializado” hacia las directrices de los mandatarios, sintetiza el informe del GIEI publicado a finales de diciembre de 2018.
Denuncia penal que sacaría de carrera a la rival
De ese poder judicial fue que emanó la orden de detención contra Barrios. La jueza Karen Chavarría, del Noveno Distrito Penal, en el que la fiscalía presentó la acusación, se basa en las presuntas pruebas presentadas por el Gobierno. “La Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros periodo 2015 – 2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”, de acuerdo con un comunicado del Poder Judicial.
Chamorro ha negado estas acusaciones, calificándolas como una farsa para evitar su participación en las elecciones, ya que la ley nicaragüense impide postular a cargos públicos a personas con procesos penales abiertos.
Chamorro, de 67 años de edad, figuraba como favorita en las encuestas entre varios líderes de oposición.
Si bien Ortega, de 75 años, no ha confirmado si se postulará, en la oposición dan por hecho que cuando se abra oficialmente el período para el registro de candidatos, entre el 28 de julio y el 2 de agosto, su nombre volverá a aparecer en la papeleta del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Hace poco, el Tribunal Supremo Electoral, conformado por magistrados del FSLN, dejó por fuera de la carrera presidencial al Partido de Restauración Democrática y al Partido Conservador.
