El asesinato del subdirector del Registro Público, y dirigente del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Agustín Lara, ha desencadenado reacciones sobre la intrusión del crimen organizado en la política.
El propio secretario general del PRD, Pedro Miguel González, hizo un llamado en sus redes sociales personales tras lamentar su muerte: “Basta de ser tolerantes ante la infiltración del crimen organizado en la política”. Agregó, además, que las autoridades deben profundizar las investigaciones, “sin importar afiliación política o estatus social”.
El caso de Lara no es el primero en el que servidores públicos y personas allegadas a la organización partidista del PRD resultan víctimas de crímenes similares.
En en agosto de 2020, la funcionaria de la Presidencia de la República, y dirigente del Frente Femenino del PRD, Wendy Rodríguez, fue asesinada en el Corredor Sur por sujetos en un auto.
El mismo auto fue luego vinculado a las investigaciones del asesinato del exdiputado PRD, Diógenes Yoyi Vergara, en Pacora. Vergara, quien fue diputado entre 2014 y 2019, fue asesinado a tiros el 9 de febrero de 2021 en la Llantería Albisa, en la vía principal de Cabra de Pacora.
En agosto de este año, sicarios asesinaron a Ovidio Castro, en el sótano de estacionamientos del centro comercial Multiplaza, en la capital. Investigaciones posteriores revelaron que Castro, alias Tulip, era funcionario de la alcaldía de San Miguelito, distrito donde residía.
Lara fue candidato a diputado en las elecciones pasadas por el circuito 8-6, y obtuvo más de 19 mil votos. Fue nombrado subdirector del Registro Público en julio de 2019, cuando el presidente Laurentino Cortizo tomó posesión. No obstante, aun continuaba con la organización electoral y política en su circuito, pues caminaba de cerca con el actual diputado Raúl Pineda y los candidatos que este apoya.
Preocupación
Líderes de otros partidos políticos han expresado su “preocupación” ante los hechos. El presidente del partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, considera que “hay un problema serio de narcopolítica y del crimen organizado infiltrado en la política nacional”. Así lo manifestó en el noticiero matutino de Telemetro Reporta. Aseguró que “es algo de años” pero considera no existe la voluntad para resolver el problema.
En el pasado, particularmente luego del asesinato de alias Tulip, el ministro de seguridad Juan Pino, respondió a cuestionamientos y aseguró que “Panamá no es un país inseguro” y que los casos de violencia se tratan de retaliaciones entre pandillas. De momento, Pino no ha referido a este caso, pero en las últimas semanas ha insistido en que la Asamblea Nacional apruebe una ley de extinción de dominio que presentó desde abril de 2021 y aún no se debate.
Pino, quien reemplazó a Rolando Mirones en el cargo tras su salida en febrero de 2020, sostiene que si no golpea el “músculo financiero” del crimen organizado con esta ley, este fenómeno seguirá creciendo.
Hay que recordar que Mirones renunció después que en diciembre de 2019 un enfrentamiento de pandillas en una cárcel dejó 13 muertos y provocó la destitución del ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El presidente del Partido Panameñista, José Blandón, coincide con Roux. Ambos consideran que es necesario que las autoridades “reconozcan que hay un problema”. Blandón asegura que Pino y el resto de los encargados “están en negación”.
Considera que se deben explorar otros aspectos políticos y electorales. “Hay que reducir el costo de las campañas o, incluso, eliminar el financiamiento privado”, dijo Blandón, pues, a su juicio, es por esta vía que se infiltra el crimen organizado al sistema político.
Además, resaltó la importancia de profesionalizar el servicio público a través de la carrera administrativa, para así evitar que los involucrados en actividades ilícitas funjan como funcionarios.
En este punto coincide con el exdirector de la Policía Nacional, Ebrahim Asvat, quien señala que el narcotráfico ya entró a la política, la justicia y la seguridad , porque se permite que exconvictos sean funcionarios, abogados y policías.
Por su parte, la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, aseguró ayer en Telemetro que en Panamá el poder político ha sido contaminado por el poder criminal.
“La justicia ha sido contaminada por el poder político y el poder político ha sido contaminado por el poder criminal y el poder criminal tiene un alto componente de negocio, es decir del poder económico”.
Señaló que “desde el momento en que empezaron a financiar campañas políticas, ya han pasado al otro nivel que es poder ocupar posiciones públicas”.
