Esta es la fila más larga de Caracas, una ciudad famosa por ellas. En realidad, son varias filas que salen de la intersección de las avenidas Baralt y Oeste 8. Las personas que están de pie, sentadas y durmiendo en la fila, no están esperando pan, medicamentos, repuestos de automóviles o agua. Ya han tenido suficiente de toda esa locura. Esta es la fila para salir.
Específicamente, para pasaportes, los cuadernillos de color burdeos emitidos por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. Las multitudes en el pavimento afuera del edificio no pueden, por supuesto, pagar sobornos para acelerar el proceso.
La tarifa vigente para un pasaporte es superior a 2 mil dólares, más de 68 veces el salario mínimo mensual.
Es más del doble que el año pasado, cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro reconoció por primera vez la escasez de documentos, un aumento que refleja la profundidad de la disfunción del Gobierno, la desesperación por salir o ambas.
Las opciones disminuyen para cualquier persona sin medios, ahora que solo unos pocos países, como Argentina y Brasil, siguen aceptando a venezolanos que simplemente muestran sus documentos de identidad.
El peregrinar de los migrantes
Un pasaporte es la libertad. Así que las calles fétidas alrededor del enorme centro de la ciudad comienzan a atiborrarse antes del amanecer.
Los miembros de la Guardia Nacional, vestidos con uniforme verde y rifles de asalto, normalmente llegan alrededor de las 6:30 a.m. para acorralar a la multitud y, a veces, regresan por la noche para espantar a los que acampan. Una vez que los soldados se van, la gente vuelve.
La fila eterna
Alrededor de las 5:00 de la mañana de un martes, Antonietta Suárez ya llevaba nueve horas en el lugar, después de un viaje en autobús de seis horas desde Barquisimeto, donde trabaja en un negocio de repuestos de automóviles que pertenece a la familia de su esposo.
Estaba desesperada por un pasaporte para su hijo, para que todos puedan emigrar a Chile.
“Es solo otra ofensa, otra humillación; la gente está durmiendo en la calle con sus hijos”, manifestó, agarrando una almohada y apuntando a los cuerpos envueltos en mantas o enrollados en pedazos de cartón.
“Nunca pensé que llegaría a esto. Me imaginé que este gobierno ya habría caído”, se lamenta.
Suárez, de 27 años de edad, estaba en la primera fila, con la esperanza de entrar en la segunda.
Para hacer eso, tendrá que ver a uno de los oficiales que anotan números en un brazo o una mano para indicar que el portador está en la lista de las 500 personas que entrarán al edificio al día siguiente.
Algunos esperan 48 horas o más para llegar a esta segunda fila, que es más corta, tal vez gastando solo ocho horas a lo sumo.
Por cierto, hay una tercera fila de personas que han presentado sus solicitudes y han vuelto a recoger sus premios.
No fue hasta el año pasado cuando Suárez y su esposo comenzaron a hablar sobre irse, a raíz de las protestas contra el régimen de Maduro, que en el período de máxima efervescencia llevaron a millones de personas a las calles.
‘Último intento’
La economía ha ido cuesta abajo desde entonces, dijo, y la hiperinflación exprime lo poco que ganan.
“Todo se está cerrando a nuestro alrededor. Todo sigue haciéndose cada vez más difícil”, sostiene. “No es la vida que quiero. Y no es la vida que quiero para mi hijo”.
Después de un año infructuoso visitando las oficinas de pasaportes cerca de su ciudad natal de Puerto Ordaz -en Ciudad Bolívar, en Maturín, Upata-, Jesús Rojas viajó más de 643 kilómetros a la capital.
“Este es el último intento”, informó cuando comenzaba la hora punta. “O me dan un pasaporte o me subo al avión sin él”.
Haciendo eco de muchos a su alrededor en el frío de la mañana, Rojas dijo que aún ama al país, pero no al Gobierno o la economía, o lo que queda de ello.
“Protesté el año pasado”, indicó. “Lo intenté”.
Ahora, “nos hemos resignado a simplemente salir”. Su opción ha sido Argentina. Por supuesto prefiere tener un pasaporte para no quedarse atrapado. Pero su boleto a Buenos Aires estaba en su bolsillo.
Compromiso
Los gobiernos de América Latina se comprometieron a reforzar la cooperación y dedicar más recursos para hacer frente a la mayor crisis migratoria en la región desencadenada por el colapso de la economía de Venezuela.
La Organización de Naciones Unidas señala que más de 2.3 millones de venezolanos viven en el extranjero (7.5% de la población).
De ellos, más de 1.6 millones salieron de su país a partir de 2015 debido al recrudecimiento de la crisis económica y política de la otrora próspera nación petrolera, sumida hoy día en una profunda crisis, según destaca la organización internacional.