El presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, sancionó la ley que establece el marco jurídico del abordaje integral de las conductas de riesgo suicida.
La propuesta, que busca disminuir la incidencia de las conductas suicidas, tiene entre sus objetivos específicos, por ejemplo, proteger los derechos de todas las personas que incurran en conductas de riesgo suicida y de sus familiares, así como desarrollar acciones y estrategias para la sensibilización de la población.
Igualmente, establecer el sistema nacional de información y vigilancia epidemiológica de las conductas de riesgo suicida.
En la norma se deja claro que toda persona en situación de riesgo de conductas suicidas tiene derecho a la “atención integral y universal, pública o privada”. A las personas en situación de riesgo suicida no se les negará atención, ni se les discriminará por su condición física o socioeconómica, por orientación sexual, identidad de género, edad, origen, nacionalidad, grupo ético o cualquier otro motivo.
La norma también establece que los hospitales, clínicas y demás establecimientos privados que ofrezcan atención de urgencias estarán “obligados” a prestar asistencia médica a las personas que presentan conductas de riesgo suicida hasta que la condición del paciente quede estabilizada.
Posteriormente, si la persona no cuenta con los recursos para sufragar los gastos a nivel privado, será trasladada a alguna institución estatal. Además, la Ley 174 del 2 de noviembre 2020 crea la comisión nacional para el abordaje integral de las conductas de riesgos suicidas, que estará integrada por 16 representantes de instituciones y diversas oenegés. Entre las instituciones destaca el Ministerio de Salud, que la presidirá. También estará presente un representante de la Asociación de Enfermeras de Panamá, uno de la Sociedad Panameña de Psiquiatría y uno de la Asociación Panameña de Psicólogos.
Esta comisión tendrá la tarea de elaborar, implementar y monitorear el plan nacional intersectorial para la prevención de las conductas suicidas, así como de elaborar los lineamientos para los medios de comunicación sobre el abordaje integral responsable de las noticias vinculadas a suicidios o canales de ayuda disponible, con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.