COVID-19

Datos abiertos para evitar la corrupción

Datos abiertos para evitar la corrupción
Las autoridades de Panamá han gestionado múltiples compras para hacerle frente a la pandemia por la Covid-19. Gabriel Rodríguez

La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Secretaría de Cumbres de las Américas, alertó recientemente sobre algunas amenazas que ha generado la pandemia sobre la gobernabilidad democrática de los países. Entre esas amenazas está la corrupción. Por eso advierten de que una forma de contrarrestarla es con el acceso a la información: presupuestos, compras, gastos, toma de decisiones, entre otros datos.

Esto, de acuerdo con el organismo, contribuye a reducir la discrecionalidad en la gestión pública y fortalece la transparencia.

El debate surge en momentos en que en Panamá, las compras de la pandemia han estado bajo cuestionamientos por sobreprecios en algunos insumos, contratos otorgados a empresas con poca experiencia en el ramo, y por la opacidad que se cierne sobre las contrataciones .

“El acceso a la información por medio de la apertura proactiva de datos fortalece la gobernabilidad democrática y constituye una de las principales herramientas para acabar con la opacidad en la gestión de lo público”, aseguró María Celina Conte, de la Secretaría de Cumbres de la OEA, en el foro virtual denominado “Democratización de la información”.

Conte alertó, además, que la opacidad de la información fragmenta la gobernabilidad democrática atentando contra la transparencia del quehacer público.

Al público

En el mismo foro, Alejandra Naser, jefa del área de Gestión Pública y Datos Abiertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), recordó el más reciente informe de Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción, que revela que este fenómeno está en aumento, y que los policías y los políticos se perciben como los más corruptos. Habló de los países de América Latina que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Entre ellos figura Panamá.

En efecto, el país tiene un portal de “datos abiertos” desde hace cinco años y, de hecho, a mediados de febrero pasado, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó que el sitio www.datosabiertos.gob.pa había publicado los primeros mil datos abiertos con formatos que permiten a los ciudadanos “ver, copiar y reutilizar la información”.

Allí se encuentran datos de instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio Nacional de Migración, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y el Órgano Judicial, entre otros.

Si un ciudadano desea acceder a ese portal hoy día, y quiere buscar información del sector Salud, por ejemplo, encuentra 14 conjuntos de datos. Entre ellos figuran estadísticas del volumen de llamadas recibidas en el Centro de Contactos de la Caja de Seguro Social, correspondientes a enero pasado. También se puede ver la lista de los números telefónicos de las salas de hemodiálisis de esa institución, y la cantidad de jubilados y pensionados por provincia. No hay información correspondiente a la pandemia. Cuando se hace clic sobre la palabra “justicia”, de inmediato el sitio lleva a otra página en la que se lee lo siguiente: “conjuntos de datos no encontrados”.

La representante de la Cepal también mencionó los desafíos que tienen los países para la democratización de la información, entre ellos, la disposición de las instituciones para satisfacer las demandas de información que surgen desde la ciudadanía y la sociedad civil, así como la forma y fundamentos por los que adoptan sus decisiones y administran los fondos públicos.

Precisamente ayer, la presidente de Transparencia Internacional, Delia Ferrara, envió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtiendo de que “la corrupción, a raíz de la pandemia, pondrá vidas en riesgo y socavará la recuperación económica regional”, por lo que lo instó a tomar medidas entre los Estados para minimizar los riesgos de corrupción y fortalecer la transparencia.

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