La presidenta de la junta directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, hizo un llamado a los jueces de ejecución de sentencias para que dicten medidas de depósito domiciliario en favor de aquellos privados de libertad que califiquen.
Esto, a fin de reducir el hacinamiento y evitar que el Covid-19 cause un desastre en el sistema penitenciario.
Planteó que también hay muchos internos en detención provisional que pueden ser beneficiados con medidas como casa por cárcel.
Arosemena de Troitiño destacó que en las cárceles panameñas no existen las condiciones para hacer frente al Covid-19.
Allí, dijo, es imposible mantener el distanciamiento (superior a un metro) debido a la sobrepoblación y, además, faltan implementos de higiene.
La población penitenciaria de Panamá es de poco más de 16 mil y las enfermedades más comunes tienen que ver con deficiencias respiratorias y asma, según un estudio financiado con fondos de la Unión Europea.
“Si se llega a producir un caso de Covid-19 dentro de las cárceles, eso podría convertirse en desastre, ya que no solo se afectaría a los internos, sino a los custodios y todo el personal que labora en esos lugares”, advirtió.
La semana pasada 15 funcionarios del sistema penal acusatorio fueron enviados a observación por 14 días, luego de que un canadiense investigado por el delito de estafa diera positivo en el Covid-19.
El investigado fue detenido y llevado a la Unidad de Atención Primaria del Ministerio Público y luego a una audiencia de legalización de la aprehensión. Al someterlo a una revisión de salud se comprobó que tenía los síntomas del Covid-19.
