En papel, la contratación de personal para los diputados de la Asamblea Nacional implica cumplir con 25 pasos administrativos. Así lo establece el Manual de procedimientos del Departamento de Contratos del Legislativo, al que corresponde tramitar los diferentes contratos de servicios profesionales y de consultoría.
El detallado proceso contrasta con las irregularidades que denunció durante el quinquenio pasado la Contraloría General –por la contratación irregular de personal de confianza y de servicios profesionales a través de las planillas 080 y 172 de la Asamblea–, lo que derivó en investigaciones judiciales.
Contratos de la AN
El jefe del Departamento de Contratos –que está adscrito a la Dirección de Recursos Humanos– tiene entre sus funciones verificar que todos los contratos confeccionados cumplan con toda la documentación y, después de que el presidente de la Asamblea los firma, llevar el control, para que no se repita la numeración.
El manual –de mayo de 2010– fue confeccionado durante la administración de José Luis Popi Varela como presidente del Legislativo, y es la versión más reciente disponible en el sitio web.
La encargada de este departamento es Cecilia de Silvera, quien según la planilla de la Asamblea publicada por Contraloría labora desde 1993. Aparece como supervisora de analistas de recursos humanos, con un salario de $3 mil 500.
El manual especifica que cada nueva contratación debe estar acompañada de una hoja de vida del contratado, fotocopia de su cédula y de su seguro social, y los diplomas con los que cuente. Estos son revisados, en primera instancia, por el Departamento de Contratos, que asigna el salario que le corresponde.
También se incluye un modelo de contrato por servicios profesionales utilizado en el año 2010 y correspondiente a la planilla 172. Allí se detalla que se está sujeto a un horario y que el contratado debe entregar un informe mensual por escrito de la labor efectuada.
De hecho, en la lista de pasos se incluye una nota que dice que, “para poder cobrar”, se deberá entregar un informe firmado por él o ella y por el diputado responsable de su contrato.