Al menos 178 funcionarios han sido detenidos en lo que va del año en operaciones contra redes de trasiego de drogas y blanqueo de capitales, según fuentes del Ministerio de Seguridad.
Laboraban en instituciones como la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronoval (Senan), el Servicio de Protección Institucional (SPI), el Aeropuerto de Tocumen, la Asamblea Nacional y el Ministerio Público (MP).
Los detenidos aprovecharon su conocimiento del aparato estatal y sus contactos para eludir los controles en puertos, aduanas y carreteras. Asimismo, tenían acceso a información sensitiva.
Por ejemplo, en junio pasado, en la operación Oasis, fueron detenidas 25 personas ligadas a una red para introducir drogas por las costas de Chepo y Darién. Los encargados de facilitar el movimiento de la carga eran policías y miembros del Ministerio Público. Según la investigación, un capitán filtraba información y facilitaba el paso de los vehículos por los retenes policiales.
Algo parecido ocurrió con el caso de un subteniente de la Policía Nacional detenido en abril pasado, en la operación Neptuno: presuntamente abría retenes, pasaba información y brindaba servicio de escolta y seguridad a pandilleros de la banda Bagdag. Un total de 20 personas fueron detenidas, algunos ligados a la llamada “masacre de la Joyita”, que dejó 13 muertos el 17 de diciembre de 2019.
En julio, en la operación Master, se desmanteló otra red dedicada a colocar drogas en contenedores en puertos del Pacífico y que tenían como destino Europa. Entre los detenidos había 16 trabajadores portuarios y un funcionario de la Asamblea Nacional. Una vez conocida la información, el propio presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, anunció su separación del cargo.
Más recientemente, en la operación Fusión, se desarticuló una banda integrada por 27 personas que operaba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y que supuestamente enviaba droga a Estados Unidos y México. Había funcionarios de la Policía, del SPI, del Senan, del propio MP y de la Asamblea.
Según se desprende de documentos leídos en una audiencia de imputación ante un juez de garantías, los agentes del SPI y del Senan eran los encargados de alertar sobre operaciones y sobre la ubicación de los equipos antidrogas, mientras que una funcionaria del MP daba seguimiento a los procesos penales que se abrían.
El fenómeno de los servidores públicos implicados o acusados en casos de drogas no es nuevo. De hecho, en septiembre del año pasado, el gobernador la comarca Guna Yala, Erick Iván Martelo, fue detenido con 79 kilos de droga en el vehículo en el que viajaba. El presidente Laurentino Cortizo destituyó al gobernador, nombrado por él en julio de 2019, cuando llegó al poder.
Giovanni Olmos, exfiscal auxiliar del MP, dijo que si bien este fenómeno no es nuevo, lo que preocupa es que pareciera se ha acentuado después de la pandemia de Covid-19, que se inició en marzo de 2020.
Recientemente, el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, se refirió al tema de la penetración del narco en las filas de los estamentos de seguridad. “Usted sabe que hay funcionarios que se meten a crimen organizado y ellos tienen una política muy férrea, no te puedes salir, si tú sales sabes que no vas a regresar. Vas a regresar en un ataúd”, contó.
Olmos hizo un llamado a reforzar o crear controles más estrictos para que se respeten las normas éticas, de probidad y respeto de las instituciones que deben estar al servicio del ciudadano.