El Juzgado Undécimo Penal declaró causa compleja la investigación adelantada por la Fiscalía Especial Anticorrupción por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales en la que se vincula a la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), contratista del tramo II del proyecto Corredor-Vía Brasil.
La juez undécima penal Minerva Flores accedió a la petición de la Fiscal Superior Anticorrupción Ruth Morcillo y le concedió un término de 12 meses para concluir la investigación.
Según la resolución del juzgado, este caso reúne los requisitos legales de la delincuencia organizada y, en consecuencia, el procedimiento es tramitación compleja.
El fallo se fundamenta en el artículo 2033 del Código Judicial, en el cual se detalla que el sumario deberá estar perfeccionado dentro de los cuatros meses siguientes a su inicio, término que podrá prorrogarse por otro dos meses, cuando sean varios los investigados.
Este artículo, además, precisa que “en los delitos con pena mínima de cinco años de prisión, secuestro, extorsión, violación carnal, secuestro, delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública, blanqueo de capitales y tráfico de drogas, en cuyos procesos no existan detenidos, no se concluirá el sumario hasta que se agote la investigación”.
FCC fue contratista de la construcción de dos tramos del proyecto Corredor-vía Brasil, obra adjudicada en el gobierno de Martinelli por $174.5 millones, pero que terminó costando $216.2 millones.
La investigación data del 27 de abril de 2017 y se basa en una auditoría de la Contraloría General de la República, que arrojó un posible sobreprecio de $41.7 millones en el proyecto.
El pasado miércoles 4 de diciembre la fiscalía logró un acuerdo para homologar un acuerdo de colaboración con uno de los exdirectivos de FCC. Fuentes ligadas al proceso revelaron que este sería el segundo acuerdo de colaboración alcanzado con directivos de FCC.
En este caso, el Juzgado Undécimo Penal concedió una fianza de excarcelación a favor del abogado Mauricio Cort, quien es considerado como pieza clave en esta investigación.
Aquí también se investiga al exministro de Obras Pública Federico Suárez y al exjefe de contrataciones de esa entidad Jorge Churro Ruiz.