Un segundo lote de 50 demandas de indemnización por la suma de 6 millones de dólares cada una fue presentado ayer ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en una acción contra el Estado por la mala prestación de los servicios de salud por parte de la Caja de Seguro Social, en el caso de los envenenamientos masivo con dietilenglicol.
Las demandas fueron presentadas por víctimas y sobrevivientes del tóxico –a través del abogado Víctor Orobio–, quien el pasado 1 de febrero presentó las primeras 50 demandas contra el Estado.
Según el abogado, estas demandas recogen el sentir de los cientos de personas afectadas por el consumo de medicinas contaminadas.
Orobio afirmó que un gran número de afectados por el químico no han sido reconocidos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Idalia Marrone, víctima de los envenenamientos, opinó que el Estado está en la obligación de compensar a quienes se vieron afectados por la fabricación negligente de medicinas contaminadas.
Marrone alegó que cuando consumió el tóxico en el año 2006 era una mujer llena de vida, que trabajaba para ayudar con el sustento de su familia, pero ahora apenas puede caminar ayudada con un bastón.
Dijo que ha perdido gran parte de su visión y gastado miles de dólares en exámenes médicos y medicinas que no han logrado mejorar su condición, porque la CSS no les da la atención debida a los afectados.