Sergio González, juez quinto civil de Chiriquí, fue denunciado penalmente por presuntamente dilatar procesos: en su despacho se encontraron expedientes que no se tramitan desde hace más de 20 años.
La denuncia fue interpuesta por la magistrada María Eugenia López Arias, presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con el Órgano Judicial, González incumplió con el numeral 1 del artículo 63 del Código Procesal Penal, que establece que uno de los deberes de los jueces es evitar “toda dilación procesal”.
Las auditorías
La denuncia de la magistrada López se sustenta en dos auditorías efectuadas por la Dirección Administrativa de Auditoría Judicial del Órgano Judicial, una del 20 noviembre y otra del 7 de diciembre de 2020. Esos informes detectaron que 32 expedientes no habían sido ingresados en la hoja de inventario, mientras que otros dos tenían más de 20 años de haber sido repartidos al juzgado. Hay más revelaciones: 146 procesos no estaban actualizados y se encontraron 26 casos activos que datan de 1983.
De acuerdo con la planilla del Judicial, González inició labores en la institución el 1 de abril de 1990. Su salario es de $3,500, recibe $1,500 de gastos de representación y otros $71 de sobresueldo, lo que totaliza $5,071 por mes.
El juez no pudo ser contactado por este diario.
La mora judicial es uno de los grandes males de la administración de justicia en Panamá; la propia Corte lo admite, y este caso lo deja en evidencia.