La Defensoría del Pueblo denunció presuntas violaciones a los derechos humanos de un privado de libertad del Centro Penitenciario La Joya, quien sufre de trastornos psiquiátricos y permanecía esposado y con grilletes desde hace dos meses, sin recibir atención de salud adecuada.
En un comunicado divulgado ayer, la Defensoría del Pueblo precisó que el caso de este interno quedó expuesto el 7 de este mes, durante una inspección a La Joya efectuada por personal del Mecanismo Nacional para la prevención de la Tortura.
El recluso permanecía en la sala de seguridad interna del penal, en condiciones de insalubridad y con iluminación artificial permanente, según la Defensoría.
El informe advierte que el reo no cuenta con facilidades para su higiene personal básica ni para realizar sus necesidades fisiológicas. De hecho, debe satisfacer tales necesidades a la intemperie y disponer de sus desechos en bolsas plásticas.
Además, el informe detalla que el interno duerme en una banca y que al momento de la inspección no tenía medicamentos antisicóticos para tratar su enfermedad.
Destaca que esta situación es contraria a las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos o Reglas Nelson Mandela, y a los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en la Américas, así como a lo dispuesto en la Ley 55 de 2002, que reorganiza el Sistema Penitenciario en Panamá.
En este contexto, la Defensoría recomendó la búsqueda de un espacio con las condiciones mínimas para personas con estos trastornos.
En respuesta al informe, el director del Sistema Penitenciario, Euclides Castillo, afirmó que ya gestionan con la clínica Virgen de la Merced y el Centro de Salud de Pacora la atención médica necesaria y el suministro de medicinas para el detenido.
Castillo explicó que el interno fue trasladado a un pabellón aparte y aislado del resto de la población del penal debido a su condición psiquiátrica, en resguardo no solo de su salud, sino de la del resto de los internos.
Carlos Herrera Moran, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, dijo que este caso debe ser investigado por organizaciones de derechos humanos y por las autoridades, a fin de que se apliquen las sanciones que corresponda por tales violaciones.
Herrera Moran destacó que en visitas previas realizadas por la comisión a centros penitenciarios han detectado otros casos de internos con enfermedades terminales y mentales.
