Margarita es una venezolana residente en Panamá y desde julio de 2015, cuando se le venció el pasaporte, no ha podido obtener otro. Asegura que por ser activista política el régimen no se lo ha renovado.Al margen de su caso, relata, hay muchos venezolanos residentes permanentes en Panamá que han solicitado su pasaporte a través de la página del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y no les ha llegado. Ante eso, explicó, “mucha gente tiene que pedir el salvoconducto de salida de Panamá a través de la embajada e irse a Venezuela para tramitar el pasaporte, sin saber cuánto tiempo tarden en regresar. Pero como hay gente que no puede hacer eso porque trabaja, están aquí sin pasaporte”.
Margarita está dentro del grupo de residentes en el exterior que, según un informe del capítulo venezolano de Transparencia Internacional (TI), Crisis en Venezuela, tiene problemas con la obtención de su pasaporte.
Esta oenegé comenzó el 31 de enero pasado una campaña en medios de comunicación para recibir denuncias y documentar los casos de retraso en la entrega y hechos de corrupción por cobros indebidos. De hecho, según el informe, hasta el pasado 15 de junio (en cuatro meses y medio) recibió 140 denuncias.
Del total, 114 corresponden a ciudadanos que viven en 17 estados de Venezuela y 26 a residentes en 14 países de varios continentes.
TI documentó casos en los que el retraso para la entrega del pasaporte llega a ser de un año, tanto en Venezuela como en el exterior, aunque señala que la media dentro del país es de seis meses. Además, según las denuncias de residentes en el extranjero, el tiempo de espera para conseguir una cita va de siete a ocho meses.
“La situación de los venezolanos en el exterior es crítica, puesto que las embajadas y consulados no otorgan respuesta a sus connacionales, y en muchos casos se encuentran en situaciones migratorias irregulares al no poder renovar permisos y visas de estadía. Se tiene conocimiento de venezolanos que han perdido oportunidades de estudio y empleo e incluso la posibilidad de realizarse intervenciones quirúrgicas por motivos de salud”, dice el documento.
Para afrontar la crisis, el Saime puso en marcha el 1 de marzo pasado una figura que denominó pasaporte exprés –disponible solo para residentes en el país– que serían entregados en 72 horas. Pero eso significó que se elevara su precio entre 15 y 34 veces. TI señala que hasta la fecha se desconoce que exista una disposición legal que avale los cobros adicionales.
SALUD Y ALIMENTOS
El informe de TI, publicado este mes, también destaca la crisis del sistema de salud, con cifras y datos alarmantes, entre ellos, que la tasa de mortalidad infantil llegó a 18.6 por cada mil nacidos vivos en 2016. El promedio regional es de 9.3.
La tasa de mortalidad materna no es menos preocupante: 130.70 por cada 100 mil nacidos vivos, cuando en América del Sur, por ejemplo, según la Unicef, es menor a 25. Si se analizan las cifras por estado, la situación se agrava y, por ejemplo, Lara llega hasta 241.19 por cada 100 mil nacidos vivos.
También destaca el reporte que la escasez de reactivos para pruebas supera el 90%; que 10 estados no tienen servicio de radioterapia; que solo el 10% de las 4 mil 800 pequeñas farmacias establecidas en el país están operativas, y que los recursos destinados para compra de productos farmacéuticos y medicamentos en 2017, aunque tuvieron un importante crecimiento en millones de bolívares, con el efecto de la inflación significó una variación real de -1%.
El hambre abunda en Venezuela. Según la oenegé, al menos 10 niños murieron por desnutrición en La Guajira, estado Zulia; una escuela básica, al norte de Maracaibo, que forma parte del Plan de Seguridad Alimentaria Escolar no recibe frutas y verduras desde fines de noviembre de 2014; y de 48% a 80% de los hogares del país ha aplicado alguna forma de privación alimentaria.
Ortega imputa a excomandante de la GNB
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, citó ayer en “calidad de imputado”, al ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y actual jefe del gobierno del distrito capital, Antonio Benavides Torres, “por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en el país” desde abril pasado, y que a la fecha se saldan con 75 personas muertas, según cifras oficiales, aunque oenegés locales las ubican en al menos 80, 5 de ellas entre el pasado martes y ayer.
Así lo anunció la entidad a través de un comunicado en el que se detalla que Benavides debe presentarse el 6 de julio.
El comunicado señala que hasta la fecha hay 450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales. “De estos casos se han registrado 23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares”, destaca el texto.
Por otro lado, Ortega anunció a través de su cuenta de Twitter que solicitó a la Asamblea Nacional la ratificación del vicefiscal que el Tribunal Supremo destituyó a través de un fallo, luego de que el pasado miércoles desconociera la sentencia.
