Ecuador, Venezuela y Colombia son tres ejemplos claros de las pocas razones que los medios de comunicación y los periodistas, en particular, tienen para celebrar en un día como el de ayer, establecido por Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, consciente de que “el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista y libre son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia, así como para el desarrollo económico”.
Censura, imposición de contenidos, ataques personales e, incluso, físicos y sanciones económicas son algunos de los ataques que deben afrontar periodistas y empresas en estos tres países, y así quedó evidenciado en sendos reportes emanados de organizaciones y divulgados a través de las agencias de noticias ayer.
ECUADOR
“En Ecuador hay muy pocas cosas de qué alegrarse porque es imposible celebrar la censura”. Esta frase resume el sentir de la Unión Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas de Pichincha, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), cuyos directivos emitieron una carta conjunta.
La misiva, de 10 párrafos, hace una descripción del deterioro de la libertad de prensa durante los nueve años transcurridos del gobierno del presidente Rafael Correa, unos en los que, aseguran los firmantes, este “ha perseguido a quien opina distinto, ha enjuiciado a medios y periodistas, ha insultado y estigmatizado a quienes ejercen el oficio… ha impuesto un régimen de censura previa mediante la imposición de contenidos… ha propiciado la más grande concentración de medios de nuestra historia, ha arrinconado o cooptado a los medios comunitarios y ha provocado despidos masivos de comunicadores”.
Guadalupe Fierro, presidente de la Unión Nacional de Periodistas; Marco Villarruel, presidente del Colegio; César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; y Diego Cornejo, director ejecutivo de AEDEP, recuerdan en su manifiesto que el golpe más fuerte fue la aprobación en 2013 de la Ley Orgánica de Comunicación y, en aplicación de esta, entes como la Supercom (Superintendencia de la Información y la Comunicación), donde se juzga a medios, periodistas y caricaturistas “en procesos donde la autoridad es juez, parte y beneficiario de las onerosas sanciones económicas que se imponen”.
El hecho más reciente que denota la grave crisis del periodismo en Ecuador, según los directivos, se produjo el pasado 16 de abril, día del terremoto, cuando la información solo estuvo disponible dos horas después de lo sucedido. “Cuando los medios internacionales entregaban informes casi instantáneamente, en el país los periodistas dudaban si debían llamar a la catástrofe temblor o terremoto, sin causar la ira de los jerarcas de la censura”, aseguran.
Añaden que, en vez de reconocer su error, el Gobierno ha atribuido la falta de información a la “inoperancia de los medios y a la ineptitud de los periodistas”, en un intento de desviar la atención sobre su propia responsabilidad. Y es que, destacan, aunque la ley no dice explícitamente que no se puede informar de una emergencia, son los censuradores oficiales los que deciden qué información es contextualizada, plural, veraz, verificada y además contrastada con fuentes oficiales que, en el caso del terremoto, no estuvieron disponibles sino hasta dos horas después de los hechos.
Los directivos denuncian en su carta que a pesar de tener un imperio mediático y cientos de periodistas a su servicio, el Gobierno demostró que estos no cumplen una función pública, sino a favor de un proyecto político y de altos funcionarios, ya que no lideraron la entrega de información a la población ni activaron los protocolos de emergencia cuando esto era su obligación.
COLOMBIA
En Colombia , más de 70 periodistas han sufrido agresiones este año, según un informe difundido por la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).
“Durante los cuatro primeros meses del año, la Fecolper ha registrado (...) 76 víctimas. Estas afectaciones representan el 80% del total registrado en 2015”, dijo la entidad en un comunicado.
Con 24% de los casos, Bogotá es la ciudad con más casos de “violencia y/o agresiones”, especificó el informe del organismo, que aglutina una treintena de asociaciones y más de mil 200 periodistas colombianos, y que ya había advertido en febrero de la degradación de la situación.
“La amenaza se consolida como la forma de agresión más recurrente (26 casos), seguida por las obstrucciones al trabajo periodístico (12 casos) y por las campañas de desprestigio y/o estigmatización (10 casos)”, agregó la Fecolper, que advirtió de que los medios comerciales, especialmente locales, concentraron más de la mitad de los ataques. “El cubrimiento de temáticas relacionadas con los procesos de paz entre gobierno nacional e insurgencias parece constituirse en un factor de riesgo”, agregó la organización en referencia al aumento de los ataques a manos de grupos paramilitares o bandas criminales, principales agresores de periodistas, junto a personas sin identificar y funcionarios, según la Fecolper.
VENEZUELA
La fecha no pasó desapercibida en Venezuela, donde los medios luchan por mantenerse en pie, en medio de la persecución a periodistas independientes y de la crisis económica y la falta de papel importado.
Al grito de “¿Quiénes somos? ¡Periodistas! ¿Qué queremos? ¡Libertad!”, varias decenas de trabajadores de los medios locales, dirigentes gremiales y activistas de derechos humanos marcharon por una de las principales avenidas de la capital hasta las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en las que consignaron una solicitud para exigir la atención de los organismos internacionales sobre los casos de agresiones a la prensa.
En Venezuela se han reportado durante este año al menos 53 casos de violaciones a la libertad de expresión y agresiones a la prensa, según registros de la organización no gubernamental Espacio Público.
“Hay una política de hostigamiento a los medios, a los periodistas y al trabajo que realiza la sociedad venezolana para informar”, afirmó Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público.
Afirmó que en Venezuela hay “absoluta impunidad” en los casos de agresiones a periodistas.
(Con información de AP)