La fianza de cumplimiento, uno de los nudos críticos en el conflictivo contrato de la Ciudad de la Salud, firmado entre la Caja de Seguro Social (CSS) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), podría estar aclarándose en los próximos días.
Según la CSS, los jueces del Tribunal Internacional de Arbitraje tienen hasta el martes 15 de septiembre para resolver un recurso legal que presentó FCC, con el objetivo de que la entidad no pueda ejecutar la fianza de cumplimiento de la obra que se edifica en Ancón.
La información fue dada a conocer por el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, quien detalló que la empresa española presentó dos demandas ante el Tribunal Internacional de Arbitraje.
Las demandas
El funcionario subrayó que la primera demanda de FCC tiene que ver con un “proceso de emergencia”, que en el fondo busca “secuestrar la fianza” de manera que la CSS no la pueda reclamar, como lo establece el contrato firmado en el año 2012 entre ambas partes.
De hecho, explicó que la fecha límite para que el Tribunal de Arbitraje se pronuncie al respecto es el martes.
En una segunda demanda ante el citado Tribunal, FCC reclama a la CSS $125 millones, en concepto de vigencia extendida, es decir, por el tiempo que la obra estuvo detenida entre 2015 y 2019.
“Junto al equipo legal evaluamos este nuevo reclamo de FCC”, acotó Lau Cortés.
Este proyecto inició en mayo de 2012, cuando el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) lo adjudicó por $554.3 millones. En ese momento el director de la CSS era Guillermo Sáez-Llorens, y se contemplaba construir edificaciones para 43 quirófanos, 284 consultorios y mil 235 camas.
Según el contrato, la obra había sido programada a 36 meses, lo que significa que debía estar lista en 2015. No obstante, debido a múltiples críticas –que iban desde el impacto ambiental que el proyecto ocasionaría en el área de construcción hasta su precio–, cuando arrancó la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) hubo auditorías y procesos legales sobre la obra, lo que retrasó el proyecto.
De hecho, Estivenson Girón, primer director de la CSS que nombró Varela, a través de auditorías detectó varias irregularidades: problemas con el suministro de agua y el sistema eléctrico; no había registros sobre la donación del terreno para la obra; el uso de paredes de pladur, una lámina parecida al gypsum; el desbordamiento de un desagüe que corría a orilla de la vía La Floresta, e inundaciones en las parcelas del proyecto cada vez que llovía.
Actualmente, la obra tiene un 65% de avance. De ese total, 40% se dio entre 2012 y 2014, y el otro 25%, entre 2014 y hasta la fecha. Además, se ha pagado al contratista $335.7 millones de los $554 millones pactados, y se calcula que terminará costando $800 millones.
Al respecto, el director de la CSS manifestó que la última adenda de tiempo establecía que el proyecto debía ser entregado en mayo de 2021, pero no será así. Por ello, indicó, la obra requerirá fondos adicionales y más adendas de tiempo, que permitan su culminación lo más pronto posible.
Inspección
Para Rafael Chavarría, dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) -grupo representado en la junta directiva de la CSS-, la entidad debe hacer valer los derechos de los asegurados, quienes representan a un 80% de la población.
“No podemos permitir que empresas como estas sigan secuestrando este proyecto, que es muy necesario en la situación actual de pandemia en la que se encuentra el mundo”, puntualizó.
Ayer, oficiales de derechos humanos, junto al defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, acudieron a la Ciudad de la Salud para conocer las condiciones en las que se encuentra esta construcción hospitalaria.
Tras el recorrido, la Defensoría del Pueblo comunicó que la próxima semana presentará un informe de lo observado en la polémica obra.