Después de que Willians Bonilla huyó de las amenazas de una pandilla en Honduras hace dos años para buscar asilo en Estados Unidos, pasó siete meses detenido solo para ser deportado a su tierra natal en Centroamérica y enfrentar nuevamente a sus atacantes.
Es por eso que el pintor de automóviles de 26 años de edad regresó rápidamente a la frontera con Estados Unidos, ahora con su esposa y su hijo de dos años.
Cruzaron Guatemala hasta el sur de México y luego, en una caravana improvisada y criticada implacablemente por el presidente Donald Trump, recorrieron mil 242 kilómetros.
La mayor parte de los migrantes de la caravana son de El Salvador, Guatemala y Honduras. Huyen de la violencia de las pandillas, la agitación política y los problemas económicos. Saben que tendrán una bienvenida poco amigable, especialmente en la época de Trump, y que las posibilidades de un asilo son escasas.
Muchos enfrentarían largas detenciones y ser separados de sus familias mientras esperan audiencias que podrían terminar con órdenes de deportación.
Bonilla no deseaba luchar por el asilo. No estaba dispuesto a soportar nuevamente la detención estadounidense y la tortuosa espera de una audiencia ante un juez de inmigración, solo para ser rechazado y devuelto al atolladero del que ha huido dos veces. Pero la familia decidió que su esposa e hijo solicitaran asilo pensando que tenían mejores oportunidades por su vulnerabilidad y al hecho de que ya tenían familiares en Estados Unidos.
Línea dura
Trump ha hecho de su postura de línea dura en materia de inmigración una parte integral de su presidencia y ha abogado por un muro a lo largo de la frontera con México para frenar el flujo de migrantes.
Aun así, cerca de 5 mil hondureños, guatemaltecos y salvadoreños fueron entrevistados cada mes en 2017, el primer paso para solicitar asilo. Al menos 140 inmigrantes de la caravana planean hacerlo. Las autoridades de Estados Unidos permiten el acceso de unos pocos desde el lunes, en su mayoría mujeres y niños, a través del puerto de San Ysidro a California; gran parte del grupo acampó cerca del cruce esperando la entrada.
Cuando Bonilla intentó asilarse en 2016, los funcionarios fronterizos le preguntaron si temía regresar a su hogar, una pregunta obligatoria para los que llegan indocumentados a Estados Unidos. Él respondió que sí. Eso desencadenó el proceso de asilo, que implica una entrevista para evaluar el “miedo creíble” de un solicitante y una fecha en la corte para una resolución: asilo o deportación.
La custodia de Bonilla fue transferida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), primero en Texas y luego en Georgia. Dijo que la comida era apenas comestible. Los guardias eran racistas y rompieron cartas de los detenidos, incluida una que esperaba enviar a un funcionario estatal con respecto a su caso.
En respuesta a las quejas en la instalación, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un informe el año pasado que respaldaba lo denunciado por Bonilla.
Más solicitantes
El Gobierno ha citado un aumento de más de 10 veces en las solicitudes de asilo en comparación con 2011, incluyendo un número creciente de familias y niños. Trump pretende cambiar la ley para que sea más difícil pedir asilo.
Abogados de inmigración dijeron que la implacable violencia criminal en América Central debería incitar a EstadosUnidos a volver a evaluar el sistema de asilo. “De muchas maneras, esos países parecen zonas de guerra”, opinó la abogada Bree Bernwanger.