Una subcomisión creada por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional recomendó ayer que la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), encargada de la Ciudad de la Salud, sea inhabilitada por el Estado panameño.
Tal sugerencia forma parte de un informe que elaboró dicha subcomisión, luego de una investigación que llevó a cabo sobre este millonario proyecto hospitalario.
El documento que lleva la firma del diputado y presidente de la subcomisión, Roberto Ábrego, así como de los diputados Manolo Ruíz y Leopoldo Benedetti, sostiene que se “respaldan todas las acciones legales que ha realizado y realizará la Caja de Seguro Social para lograr en el menor término posible la culminación del proyecto de la Ciudad de la Salud”.
De acuerdo con el informe, entre las obras más importantes que deben culminarse en este Gobierno están el Hospital del Niño y la Ciudad de la Salud, dado que las infraestructuras actuales no reúnen la capacidad ni la calidad para la población.
En el caso de la empresa FCC, indica que según la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España, se investiga a FCC por los supuestos pagos de sobornos por la suma de $82 millones en las siguientes obras en Panamá: Ciudad Hospitalaria hoy Ciudad de la Salud, y las Líneas 1 y 2 del Metro.
También hace referencia a que el Banco Mundial anunció el pasado 16 de septiembre de 2020, la inhabilitación de FCC por dos años por “prácticas fraudulentas”, durante dos procesos de licitación en Colombia. De hecho, la empresa deberá pagar $5.5 millones en el tiempo referido y no podrá participar en licitaciones que financie el organismo internacional en ese país.
Como parte del proceso de investigación, el pasado 7 de septiembre compareció a la Comisión de Infraestructura el representante legal de FCC, Isaac Figueroa, para responder un cuestionario de 12 preguntas. Sin embargo, el informe señala que “la información suministrada [por Figueroa] no satisfizo las inquietudes de los comisionados”.
El documento será enviado al director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés; al contralor, Gerardo Solís, y al procurador de la Nación, Eduardo Ulloa.