El Gobierno despejó el terreno legal para disponer de los primeros $50 millones con los que pretende hacer frente al coronavirus, a través de compra de insumos y contratación de servicios.
Además, tiene contemplado gastar otros $20 millones en la compra de granos y carne para evitar la escasez de productos alimenticios en medio de la alerta sanitaria en la que está el país.
Ayer, el gobierno emitió varios decretos que tendrán impacto en las finanzas públicas, el comercio y el mercado laboral, todo a razón de los efectos adversos del Covid-19.
El presidente Laurentino Cortizo y su gabinete empezaron por firmar la resolución de Gabinete Nº 11 del 13 de marzo de 2020, que abre el camino para tomar varias medidas económicas al declarar el estado de emergencia nacional. Eso permite al Estado hacer compras por la vía excepcional y por un monto específico, que en este caso se fijó por $50 millones.
También se deja abierta la posibilidad para que el Gobierno modifique la ley de responsabilidad social fiscal, reforma que implica un margen mucho más amplio en el manejo del déficit.
El déficit es la diferencia entre ingresos y gastos. Elevar el tope permite ampliar los gastos, lo que finalmente se traduce en más deuda, algo que resultaría inevitable frente a los estragos del coronavirus en la economía mundial.
Además, ante la declaración de emergencia nacional, se permiten retiros del Fondo de Ahorro de Panamá, siempre que el costo asociado sea igual o superior al 0.5% del PIB, lo que supone unos $334 millones.
Aunque los retiros se podrán hacer siempre y cuando el patrimonio del FAP no baje del 2% del PIB.
El ministro de Economía, Héctor Alexander, dijo ayer que todavía no se ha determinado cuánto se retiraría del FAP. Admitió que están ante un gran reto, por lo que evalúan el comportamiento de la economía nacional ante la llegada del coronavirus.