En medio de los cuestionamientos de la sociedad civil y de distintos gremios profesionales por la manera como se administra la justicia en el país, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un pleno celebrado el pasado jueves 25 de febrero, se distribuyeron tareas de orden administrativo.
Cada magistrados asumirá proyectos específicos (ver tabla). El presidente de la CSJ estará al frente de todo lo relativo a la implementación del sistema penal acusatorio, que desde el 2 de septiembre de este año entrará a operar en el Primer Distrito Judicial (Panamá, Colón y Guna Yala). Los magistrados Harry Díaz y Jerónimo Mejía participarán en las reuniones de trabajo de este tema.
Mejía, además, se hará cargo de la primera fase de la digitalización e informatización de los expedientes archivados: administrativos, fallos y sentencias. Hernán De León le dará seguimiento al programa de la Organización de Estados Americanos (OEA) relativo a los facilitadores judiciales.
Los temas de acceso a la justicia y lo que tiene que ver con asuntos de género estarán en manos de Ángela Russo, magistrada que designó el presidente, Juan Carlos Varela, en diciembre pasado. Otro de los que nombró Varela, Cecilio Cedalise, se hará cargo de la implementación de la resolución alterna de conflictos.
Mientras que Luis Ramón Fábrega se encargará de los asuntos relativos al bienestar de los funcionarios del Órgano Judicial: seguro de vida y de hospitalización, becas, manejo de la clínica, del centro de orientación infantil, entre otros.
LA CARRERA JUDICIAL
Mientras que el consejo de implementación de la carrera judicial, de acuerdo con lo que informó la Corte, estará conformado por un magistrado de cada Sala: Ángela Russo, por la Sala Civil; Harry Díaz, por la Sala Penal y Cecilio Cedalise, por la Sala Contencioso Administrativa . La ley que crea la Carrera Judicial fue aprobada a finales de 2015, pero su implementación está sujeta al presupuesto que la Corte pueda gestionar.
No se designó el magistrado que coordinará el programa de justicia ambiental de la OEA, ya que, según la Corte, esperan reunirse con el coordinador del programa, Pedro Vuskovic Céspedes, y con el embajador de Panamá ante la OEA, Jesús Sierra.
Harry Díaz, Abel Zamorano Zamorano y Cecilio Cedalise mostraron interés de trabajar en este proyecto.
La OEA había designado a Ayú Prado como embajador de buena voluntad por la justicia ambiental, pero el día en que recibiría la distinción, el presidente de la Corte explicó que se acordó que él no sería el embajador debido a que el trabajo y todas las decisiones que se tomen en la Corte se hacen en consenso entre los nueve magistrados.
Agrupaciones de la sociedad civil panameña, en una carta enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el pasado 4 de febrero, repudiaron esa distinción.