Ecologistas expresaron su inconformidad con el proyecto de ley 24, aprobado por la Asamblea Nacional en tercer debate, que declara reserva hidrológica la cuenca alta del río Pacora, en la provincia de Panamá.
Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, dijo que es una lástima que la protección total del río Pacora haya quedado mutilada; es decir, que se conservara de forma parcial pese a que abastece a una buena porción de la población que vive en el área este de la ciudad de Panamá.
“Evidentemente, las partes media y baja de la cuenca hídrica han quedado en la indefensión y a merced de las dañinas actividades de extracción de material pétreo, que durante años han causado tanta destrucción ambiental, daños graves al recurso hídrico y a la población”, sostuvo la activista.
De hecho, consideró que este proyecto de ley deja abiertas las puertas para otras actividades incompatibles en las partes media y baja de la cuenca hídrica.
Tanto Serracín como otros ecologistas desde el año pasado enviaron comunicaciones a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea, advirtiendo de esta iniciativa de ley, que calificaron como un “desatino jurídico” al no proteger la cuenca en su totalidad.
“Nuestras voces no fueron escuchadas. Nos corresponde como ambientalistas continuar la lucha hasta conseguir la protección total de la cuenca”, acotó.
El documento, propuesto por la diputada del Partido Revolucionario Democrático Cenobia Vargas, inicialmente protegía toda la cuenca del río Pacora; no obstante, fue modificado y, como se dijo, solo se incluyó la cuenca alta para su conservación.
Por su parte, Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, dijo que espera que junto con la ley que se aprueba se regulen los permisos de extracción de materiales, como arena y piedra en el río Pacora, así como la construcción de urbanizaciones y sitios de descarga de aguas residuales.
Además, recomendó que el manejo que se realice en el área protegida sea integral e incluya a todas las autoridades. Eso contemplaría a los ministerios de Comercio e Industrias (MICI), de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y de Ambiente (Miambiente).
El proyecto de ley, que ahora espera la sanción o veto del presidente de la República, Laurentino Cortizo, suspende la aprobación de urbanizaciones, obras o actividades con impactos negativos significativos y permanentes en esa cuenca hídrica hasta que se apruebe un plan de ordenamiento ambiental territorial, el cual debe estar diseñado en un plazo no mayor de 10 meses, a partir de la promulgación de esa ley.
Entre otras prohibiciones, está el otorgamiento de concesiones mineras en la cuenca alta del río y el Ministerio de Ambiente deberá presidir una comisión interinstitucional para hacer cumplir la nueva normativa.