El proyecto de ley 524, que buscaba el reconocimiento del pago de la prima de antigüedad a los servidores públicos establecido en la Ley 23 de 2017, fue devuelto a la Asamblea Nacional sin la sanción presidencial.
La propuesta fue objetada por inconveniente e inexequible, pues el presidente Laurentino Cortizo opinó que si bien el proyecto busca homologar un derecho, “la forma en que fue aprobado riñe con preceptos constitucionales sobre la irretroactividad de las leyes, impactando de ese modo las finanzas públicas en el presente”.
Desde 2013 la Ley 127 reconoció una prima de antigüedad a los servidores públicos al desvincularse de la administración pública por cualquier causa. Luego esa Ley fue sustituida por la Ley 23 de 2017 que reconoce ese derecho, a razón de una semana de salario por cada año laborado.