El 72.5% de la ciudadanía aún se posiciona en contra de la unión civil entre personas del mismo sexo. Así lo dice una encuesta realizada para La Prensa por la firma GAD3, compañía que entrevistó a 1,207 personas entre el 5 y el 10 de mayo.
Por el contrario, el 18.4% de los encuestados se muestra a favor, mientras que al 6.8% le es indiferente y el 2.3% no sabe o no responde.
El abril de 2017, una encuesta elaborada por la empresa Dichtner & Neira para TVN reflejó que que el 78% de los entrevistados estaba en contra de la unión civil entre personas del mismo sexo. Lo que indica que en los últimos cuatro años esta figura ha ganado terreno.
La unión civil entre personas del mismo sexo está en la agenda pública de Panamá desde 2016, cuando a la Corte Suprema de Justicia llegó la primera demanda para que se declararan inconstitucionales artículos del Código de Familia que limitan el matrimonio a un acto entre un hombre y una mujer. Luego de eso, el máximo tribunal recibió otras cuatro demandas y dos de ellas están en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Hasta la fecha, la Corte no se ha pronunciado.
Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, colectivo que aboga por la igualdad y los derechos de la comunidad LGTBI, afirma que hay que ver ese 72.5% desde la perspectiva de que es una buena noticia.
¿Por qué? Él lo explica de la siguiente manera: “porque al menos una de cada tres personas en Panamá está a favor del respeto a las parejas del mismo sexo. Por eso, apoyan el matrimonio civil. Y si se da más contexto a la pregunta, y si se explica que esto no incluye ningún cambio al derecho de las religiones ni a sus reglas, el apoyo aumenta”.
Mayorías, leyes y derechos
Pero, ¿qué papel juega la voz de las mayorías cuando de por medio está el debate sobre el reconocimiento de los derechos de las personas del mismo sexo?
Cristian González Cabrera, investigador sobre los derechos de las personas LGTBI de la Human Rights Watch, con sede en Nueva York, opina que los derechos de las minorías suelen ser impopulares, pero esto no significa que no tengan derechos, advierte. Recuerda, además, que en un estado democrático como el de Panamá las legislaturas y tribunales se rigen por sus obligaciones de derechos humanos, incluido el principio de igualdad ante la ley.
“Ésta es la base del estado de derecho. El matrimonio igualitario no es un caso diferente. Las opiniones de la mayoría, aunque es importante conocerlas, no pueden invalidar los derechos de un grupo minoritario”, alega.
González Cabrera pone los ejemplos de Taiwán y Colombia. Cuenta que en 2015, una encuesta realizada por la firma Gallup indicó que la mayoría de los colombianos, el 62%, estaba en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, agrega, cuando la Corte Constitucional de ese país legalizó el matrimonio igualitario, un año después, destacó “debidamente” que el sistema democrático constitucional impone límites en el ejercicio del poder público a las mayorías, con el fin de asegurar derechos inherentes a la dignidad humana.
Mientras que en Taiwán, cuenta, el gobierno llevó a cabo en 2018 un referéndum sobre matrimonio igualitario y el 67% votó en contra.
A pesar de esto, dice, el gobierno acató un pronunciamiento de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional la ley de matrimonio existente en ese país por motivos de discriminación.
Jaime Santofimio Gamboa, un magistrado de la Corte Constitucional de Colombia que ha dirimido casos relacionados con el matrimonio igualitario en el vecino país, dijo en una entrevista a este medio [2017] que los derechos fundamentales son un tema del derecho natural “de todos los hombres por el derecho de existir”, por lo que los jueces deben reconocer que [el matrimonio igualitario] es un derecho y se debe aplicar y proteger .
La opinión de las mujeres
La unión civil entre personas del mismo sexo tiene más apoyo entre las mujeres. La encuesta de GAD3 para este medio dice que el 20.5% lo respalda.
A Chanis esto le dice que gais, lesbianas y los demás miembros de esa comunidad, al igual que las mujeres, son dos grupos humanos que están en una constante lucha por el reconocimiento de sus derechos.
“Valores como la equidad son compartidos tanto por el activismo LGTBI como por las feministas y creo que hay un espacio de entendimiento. Allí es donde se da [con la encuesta] otra muy buena noticia: está calando ver los problemas de distintos grupos humanos desde un aspecto interseccional. Reconocer que los derechos LGTBI no se van a consolidar si no avanza también la agenda de los derechos de las mujeres”, añade.
Los jóvenes
El grupo de personas que tiene entre 18 y 29 años de edad es el que más se muestra a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo (22.9%). Le sigue el de 30 a 44 años (19.6%) y de tercero está el conformado por ciudadanos de entre 45 y 64 años de edad. El grupo de los que tienen 65 años en adelante es el sector de la población que menos lo aprueba: el 9.2%. Los números son consecuentes con la tendencia mundial.
Encuestas y diversos estudios de distintos países, principalmente de Europa y países de América, coinciden en este punto. En Chile, por ejemplo, una encuesta del Instituto Nacional de la Juventud, de 2014, reveló que el 79% de los jóvenes estaba a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo. En ese momento, en ese país apenas empezaban a tomar fuerza las luchas por la reivindicación de los derechos de las mujeres y los grupos LGTBI, entre otros colectivos.
Con esto coincide el presidente de la Fundación Iguales. “Es parte de la tendencia mundial. Los jóvenes vienen con otro chip: comprenden que no hay espacio para la discriminación en la sociedad que ellos quieren construir. Eso no forma parte de sus valores y está reflejado en la encuesta y se refleja en el apoyo general”, dice.
