El pasado 5 de julio, 24 diputados de la Asamblea Nacional le solicitaron al presidente de esa entidad, Crispiano Adames, la creación de una comisión de investigación para “inquirir” acerca de la situación jurídica que enfrentan los diputados suplentes (no juramentados) del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, detenidos en Guatemala en razón de una solicitud de extradición de Estados Unidos.
Como segunda petición de la carta, suscrita por un tercio del actual poder Legislativo, estaba: “Que a través de su persona se realice un llamado a la Señora Ministra de Relaciones Exteriores, que hagan efectivo los derechos y prerrogativas a que tienen derecho nuestros conciudadanos detenidos en Guatemala, como diputados del Parlacen”.
Un pacto de impunidad
Estas dos peticiones esbozan la hoja de ruta de un pacto de impunidad. Es factible pensar que estos 24 diputados, dentro de los cuales hay 7 de la alianza gobernante, pudieran crear un efecto de traba en la labor legislativa, ya que en la práctica la alianza de gobierno no tendría suficientes votos para aprobar sus iniciativas y se vería obligada a recurrir a acuerdos oportunistas con los diputados de otras bancadas que no suscribieron la carta.
La principal solicitud que contiene la nota es inconstitucional y puede convertirse en fuente de conflictos diplomáticos de muy alto nivel, que el país no necesita en este momento.
En el artículo 184 de la Constitución Política se enuncian las “...atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo”. Y en el numeral 9 de dicho artículo se detalla que le corresponde: “Dirigir las relaciones exteriores; celebrar tratados y convenios internacionales, los cuales serán sometidos a la consideración del Órgano Legislativo, y acreditar y recibir agentes diplomáticos y consulares”.
Incumpliendo una prohibición constitucional
A su vez, el artículo 163 de la Constitución Política enuncia las prohibiciones que se le imponen a la Asamblea Nacional. Así, tenemos que en el numeral 2 se establece que está prohibido a la Asamblea Nacional: “Inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son de la privativa competencia de los otros Órganos del Estado”.
En el numeral 5, además, se establece que el Legislativo tiene vedado: “Incitar o compeler a los funcionarios públicos para que adopten determinadas medidas”.
Como si esto fuera poco, en ninguno de los artículos de la Convención de Viena de Relaciones Consulares (Ley 36 de 1967), que rige lo referente a las funciones consulares en los países que la hayan ratificado, se le permite a un país cabildear para que el otro Estado efectúe una repatriación de dos detenidos a la espera de la extradición hacia un tercer país.
Para complicar más esa supuesta intención de retorno para enfrentar a la justicia panameña, los detenidos en Guatemala son diputados suplentes electos del Parlacen que, a pesar de que no han tomado posesión ante el organismo, sí serían tratados como tales por la justicia panameña.
Esto quiere decir que es la Corte Suprema de Justicia la que tendría que asumir competencia sobre los casos penales contra Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
Precedencia en las extradiciones
Existe un elemento adicional a considerar en el hipotético caso de que el Estado panameño interpusiera una nueva solicitud de extradición de los dos jóvenes empresarios y diputados del Parlacen. Ese concepto es el de la preeminencia de una solicitud de extradición de un país sobre la de otro Estado. Al respecto, la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición 28-2008 de Guatemala dice en su artículo 26 lo siguiente: “Solicitud de extradición presentada por varios Estados. Cuando varios Estados hubieran formulado requerimiento de extradición pasiva contra la misma persona, la decisión de entrega se resolverá según lo establecido en el tratado, convenio o arreglo internacional. Si dichos instrumentos no los contemplan, se atenderá al orden siguiente:
El requerimiento de cumplimiento de los requisitos de la solicitud de extradición no podrá exceder ni ser distinto de los requisitos que se exigen en los tratados, convenios o arreglos internacionales o en la presente ley.
Cuando las solicitudes fueren por el mismo delito, tendrá preeminencia el primer Estado que hubiere formalizado la solicitud de extradición.
Cuando las solicitudes fueren por delito distinto, tendrá preeminencia el Estado que solicite la extradición por el delito más grave, según la legislación guatemalteca”.
De acuerdo con la legislación guatemalteca, ante una solicitud de varios países, Estados Unidos tendría la precedencia por haber sido el primero en formularla.
Este es un elemento clave que los autores de la carta al diputado Crispiano Adames conocen y buscan solucionar pidiendo que se apliquen los criterios de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas (Ley 65 de 1963). Aunque no mencionan específicamente a lo que se refiere, su intención implícita es invocar lo contenido en el artículo 29, que dice lo siguiente: “La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad”.
Por vía del artículo 22 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, las inmunidades contenidas en el artículo 29 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas se les extienden a los diputados del Parlacen en funciones. Como es conocido, los dos diputados suplentes, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, nunca tomaron posesión en el Parlacen ni ejercieron el cargo ante este organismo, razón por la cual no están amparados por esta norma.
Pretender lo contrario es una invitación abierta a un conflicto internacional con Guatemala y Estados Unidos para garantizarle a los dos diputados suplentes que, de retornar a Panamá, no podrían ser extraditados.



