SENTENCIA

El caso Petroecuador sigue vivo por decisión de la Corte

El caso Petroecuador sigue vivo por decisión de la Corte
Luego del fallo de la CSJ, el Juzgado Decimoctavo Penal deberá fijar una fecha para celebrar la audiencia preliminar. Archivo

La Corte Suprema de Justicia revivió una investigación del Ministerio Público que busca determinar si hubo blanqueo de capitales en el uso de sociedades creadas en Panamá y que habrían servido para esconder dinero de sobornos pagados por exejecutivos de la empresa ecuatoriana Petroecuador.

El Primer Tribunal Superior había declarado nula esta investigación internacional, tras revocar una sentencia de primera instancia. Ahora, la Corte ordenó seguir con el proceso, en el que el Ministerio Público investiga a 23 personas.

Corte rechaza declarar nulo caso de Petroecuador

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que declaró nula una investigación internacional por presunto blanqueo de capitales desarrollada por Panamá y Ecuador, que dejó al descubierto un entramado de sociedades usadas para lavar dinero y que permanecía paralizada.

Bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, la Corte revocó la decisión que declaraba nula la investigación y ordenó continuar con el proceso.

El fallo sostiene que el recurso presentado por el abogado Gregorio Villarreal, en representación Daniel Zamudio, debió ser rechazado por el Primer Tribunal de Justicia, que había acogido un recurso para declarar nula la investigación por considerar que la fiscalía se había excedido en el tiempo de investigación.

La decisión señala que ya se habían resuelto otros incidentes de nulidad utilizando este mismo argumento, por lo que Primer Tribunal debió rechazar de plano la nueva solicitud con base en el artículo 701 del Código Judicial, el cual señala que “se rechazará de plano el incidente que se refiera a puntos ya resueltos o se está tramitando otro por la misma causa”.

Además, el fallo de la Corte plantea que el recurso fue presentado casi un año después de que se giró la orden de indagatoria al imputado y no de manera inmediata, como lo establece el Código Judicial.

El fallo abre la puerta para que el juzgado realice la audiencia preliminar, que había sido suspendida una vez .

La investigación

En este caso, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitó el llamamiento a juicio de 23 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Como parte de las pesquisas, se vincula a la sociedad Arkdale Investments Limited, ligada a Alex Barco Panchano, exgerente de Petroecuador, quien había depositado en la sociedad Girbra S.A. fuertes sumas de dinero procedentes de contratos de infraestructura para la explotación petrolera en Ecuador.

En Panamá, la fiscalía cauteló $3 millones.

Las investigaciones se iniciaron en 2016, cuando la Unidad de Análisis Financiero reportó al Ministerio Público un movimiento inusual de dinero a través de cuentas bancarias y sociedades locales que no podía ser justificado, mientras que autoridades ecuatorianas entregaron a Panamá parte de la investigación efectuada en ese país sobre funcionarios de Petroecuador.

Entre la información entregada por Ecuador figura la participación de Bravo Panchano, quien había adquirido una serie de sociedades en Panamá a través firmas de abogados. Según las pesquisas, a través de estas sociedades había desviado fondos provenientes de concesiones dadas por la empresa estatal ecuatoriana.

En este caso, la fiscalía formuló cargos a Mirzella Inés Tuñón, de la firma Mossack Fonseca, quien suscribió un contrato con Bravo Panchano, representante de la empresa Girbra, S.A., y Arkadale Investments Limited que, como se dijo, recibieron transferencias bancarias provenientes de Ecuador.

En total, según las investigaciones, EP Petroecuador habría entregado unos 30 millones de dólares en contratos para la ejecución de obras, fondos que terminaron en el extranjero.

La fiscalía analizó los flujos de dinero procedentes de Ecuador, que según las autoridades de ese país fueron producto de irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados por Petroecuador a empresas privadas para mejoras en dos refinerías.

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