A pesar de las restricciones de movilidad aplicadas a raíz de la pandemia en los últimos dos meses, los homicidios no se detienen. Desde el 1 de enero hasta el 14 de mayo de 2020, van 217 casos.
Datos del Ministerio Público indican que enero fue el mes con más asesinatos: 65. Mientras que en febrero se cometieron 43; en marzo, otros 43, y en abril hubo 32.
Feminicidios
En tanto, entre el 1 y el 14 de mayo se perpetraron 34 homicidios, entre los que figuran 15 feminicidios.
Cinco de esos casos se cometieron en la comarca Ngäbe Bugle, cuatro en la provincia de Panamá, tres en Panamá Oeste, dos en Chiriquí y uno en Coclé.
Las cifras del Ministerio Público detallan que en los primeros cinco meses de 2019 se cometieron 171 homicidios, siendo mayo el mes con más crímenes: 38.
Las cifras dan cuenta de un aumento de 26.9% al comparar los primeros cinco meses de 2019 con los de 2020.
La mayoría de los homicidios de este año se han cometido en Panamá y Panamá Oeste. Incluso, Panamá ya desplazó a Colón como principal “zona roja” y foco de incidentes criminales. Según fuentes de las fiscalías de drogas, una buena parte de los casos de mayo están relacionados con la disputa de territorios para el trasiego de drogas.
Pero, ¿la ola de homicidios podría tener alguna relación con la pandemia? Los criminólogos Tirso Castillo y Marco Aurelio Álvarez coinciden en que la ola está directamente relacionada con el crimen organizado; sin embargo, no descartan que casos esporádicos puedan estar ligados a situaciones de estrés y otros asuntos inherentes al confinamiento.
Castillo aseguró que los delincuentes y el crimen organizado no guardan cuarentena. Para ellos, es una oportunidad de hacer negocios, teniendo en cuenta que la fuerza pública está más enfocada en el control de la pandemia que en la contención de la delincuencia. “La realidad es que el delincuente no atiende los lineamientos del gobierno”, dijo.
En tanto, Álvarez detalló que en el mundo del crimen ningún homicidio debe verse como algo aislado o fortuito. Advirtió que la criminalidad, como conducta, se ha activado de “manera intensa”, porque detrás de ella hay grandes ganancias. Sin embargo, a veces se cobra las vidas de sus integrantes, ya sean grandes o pequeños: jefes de mafias, capos, sicarios, delincuentes criollos. “Todos pagan con sus vidas los fallos o desaciertos del negocio criminal”, planteó.
Cuando se pregunta a las autoridades de seguridad sobre los homicidios de 2020, aseguran que la mayoría están vinculados con guerras entre pandillas y la disputa por las rutas para el tráfico de drogas. Incluso, hacen énfasis en que este año han decomisado más drogas que los anteriores.
“No vamos a ser blandos. Ya se están tomando las medidas. Nos reunimos con el Ministerio Público para esas acciones que hay que hacer judicialmente. Ya empezamos en Colón, con 33 allanamientos. Hay una alianza legal y estratégica con el Ministerio Público para estas acciones. Seguimos. No somos blandos. Somos fuertes. Contamos con una fuerza pública sólida”, aseguró ayer el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, después de hacer un recorrido por las zonas policiales de Alcalde Díaz y Chilibre, en la capital.
El recorrido se llevó a cabo un día después de que participara junto al jefe de la Policía Nacional, Jorge Miranda, y otros jefes de estamentos de seguridad en una reunión con el vicepresidente José Gabriel Carrizo.
La reunión –en la que se habló sobre la estrategia de seguridad del Estado, según fuentes consultadas– se llevó a efecto en medio de cuestionamientos por los asesinatos y tiroteos de los últimos días.
Pino es el segundo ministro de Seguridad del gobierno de Laurentino Cortizo. El primero fue Rolando Mirones, quien salió de la entidad en febrero, después del escándalo de la fuga del asesino múltiple Gilberto Ventura Ceballos de la Gran Joya.
En el plan de gobierno de Cortizo, la seguridad ciudadana fue concebida como “una prioridad”.