El tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá y la Constitución dejan claro que el país no tiene fuerzas armadas, ni puede tener ejércitos extranjeros en su territorio.
Bajo ese concepto, Panamá y Estados Unidos estarían violando el tratado de neutralidad desde la reversión del Canal de Panamá, en diciembe de 1999, con distintas acciones que van desde maniobras militares conjuntas hasta el nuevo Centro Regional de Operaciones Aeronovales (Croan).
Este nuevo organismo, que opera en Cocolí, consolida en un comando único el mando de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, con una presencia de Estados Unidos por medio de enlaces y analistas.
Croan: unas siglas con un misterio verde oliva
El tratado concerniente a la neutralidad permanente del Canal y al funcionamiento del Canal de Panamá, firmado en 1977, dice en su artículo V lo siguiente: “Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”.
Por otra parte, el artículo 310 de la Constitución de la República de Panamá dice en su primer párrafo: “La República de Panamá no tendrá ejército. Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado”.
De la lectura de ambas normas jurídicas se produce una ecuación cuya conclusión es que la República de Panamá no tiene fuerzas armadas, ni puede tener ejércitos extranjeros en su territorio. Las normas no establecen excepciones de tiempo o lugar, ni de permanencia o temporalidad. En otras palabras, Panamá y Estados Unidos han venido violando el Tratado de Neutralidad desde la reversión del Canal de Panamá.
La escalada militarista
Llegó y pasó el 31 de diciembre de 1999, y el Canal revirtió a manos panameñas, pero no se pudo establecer algún mecanismo que permitiera la presencia militar de Estados Unidos en Panamá. Si durante el siglo XX el pretexto había sido la defensa del Canal y luego la lucha contra el comunismo, en el siglo XXI la excusa parece ser la lucha contra el narcotráfico.
El 5 de febrero de 2002, el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Panamá, Frederick A. Becker, firmaron un “Arreglo entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de Estados Unidos de América sobre el apoyo y asistencia por parte del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos de América al Servicio Marítimo Nacional del Ministerio de Gobierno y Justicia”. El arreglo se “derivaba” de la Convención de Naciones Unidas contra el Narcotráfico de 1988, y por esa razón, supuestamente no debió ser ratificado por la Asamblea Nacional.
En lo que debe ser considerado un estiramiento exagerado de un mandato del derecho internacional, los negociadores estadounidenses no se percataron que en los considerandos del “arreglo” usaban como justificación una Convención de Naciones Unidas que Estados Unidos se había negado a firmar y ratificar.
Desde el año 2003, se efectúan las maniobras navales denominadas Panamax. En su primera versión, solo Panamá, Chile y Estados Unidos participaron en un ejercicio naval en la costa pacífica del istmo. Para 2005, ya eran 15 países del hemisferio los que participaban en un ejercicio con 3,500 marinos en ambas costas, incluyendo desembarcos anfibios.
Más recientemente, las maniobras continúan en territorio estadounidense, con el mismo pretexto. “El Canal de Panamá es crucial para el comercio internacional, según señaló José Ruiz, vocero del Comando Sur”, de acuerdo con nota periodística publicada por El Comercio de Perú, el 30 de julio de 2018.
Las maniobras Panamax no son las únicas que se realizan en referencia a Panamá. Desde 1984, Estados Unidos ha realizado un ejercicio anual terrestre que fue llamado originalmente “Fuertes Caminos”, luego “Nuevos Horizontes” y, en la actualidad, “Mercurio”. Estos ejercicios se han desarrollado en todo el territorio panameño, pero en los últimos años se han concentrado en la provincia de Darién. Usualmente, hay una cierta esquizofrenia en la explicación pública de la razón de ser de estos ejercicios militares. El Comando Sur los define como “asistencia humanitaria”, mientras que el gobierno de Panamá los ha calificado con una variedad de nombres como “entrenamientos y capacitaciones”.
El amanecer verde oliva
El Estado panameño se ha venido militarizando en las dos últimas décadas. La Ley 8 del año 2008 creó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) como un cuerpo de seguridad con organización y doctrina militar, como una infantería ligera para operaciones en jungla y montañas. Por su parte, la Ley 93 de 2013 estableció el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), integrando en un cuerpo único al Servicio Marítimo Nacional y al Servicio Aéreo Nacional. Los cuerpos de seguridad existentes han recibido importantes donaciones del gobierno de Estados Unidos.
Por ejemplo, el 28 de junio de 2019 el gobierno de Estados Unidos finalizó la entrega de seis helicópteros UH 1H al Senafront, que tenían un valor de $24 millones. El gobierno de Estados Unidos se comprometió hasta el año 2023 a ofrecerles mantenimiento y entrenamientos con un costo de $30 millones adicionales. Por otra parte, el Senan ha sido el beneficiario reiterado de donaciones de lanchas rápidas, equipos de visión nocturna, incluso de robots para el manejo de situaciones de mucha peligrosidad, incluyendo amenazas biológicas, químicas o radioactivas.
El Senan se está convirtiendo en la piedra angular de la interacción militar de Estados Unidos en Panamá. Dos proyectos confirman esta perspectiva: el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan) y la Fuerza Marítima Conjunta (FMC).
El Centro Regional de Operaciones Aeronavales establecido en la comandancia general del Senan, en Cocolí, sigue el modelo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, que funciona en Cayo Hueso, Florida, según lo ha explicado el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur.
Esta fuerza de tarea conocida como JIATF Sur, ha sido dirigida por el contralmirante Pat DeQuattro, quien dijo a la revista militar digital Diálogo, en 2019, que: “Existe una tendencia de las redes de narcotráfico a enviar sus productos más al sur y al oeste de las islas Galápagos, al fondo de la zona de tránsito del Pacífico oriental, lo que es una señal de éxito. Nuestros socios de Centroamérica y Sudamérica tienen grandes avances en la protección de sus fronteras del sur, lo que obliga a los narcotraficantes a adentrarse en el Pacífico oriental; su tendencia es alejarse más para evadir a las fuerzas de la coalición. También observamos una tendencia similar en la cuenca del Caribe, en lo que respecta a tráfico aéreo. Las redes de narcotráfico aprovechan la situación de Venezuela –existe un aumento significativo en el tráfico aéreo que fluye hacia adentro y hacia afuera del país– y estos son oscuros objetivos que son el contrabando de drogas y de dinero dentro y fuera de Venezuela”.
El Croan replicaría este aparente éxito coordinando las acciones de interceptación y seguimiento del narcotráfico por parte de los principales cuerpos de seguridad panameños: Policía Nacional, Senan y Senafront. En el Croan habría una presencia de Estados Unidos por medio de enlaces y analistas. Cocolí está a 8.3 kilómetros de donde se suponía iba a funcionar el Centro Multilateral Antinarcóticos, negociado por la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares y que, según los críticos, sería una base militar estadounidense.
El efecto práctico del Croan es el de una comandancia unificada de hecho de las fuerzas de seguridad panameñas. Esto también produciría una desviación de recursos de seguridad de las necesidades locales, ya que, por ejemplo, si existe una pandilla de ladrones y violadores que azota Panamá este, y hay otra que está llevando droga de Colombia a Costa Rica, se preferirá por definición a la que lleva el cargamento de droga, desatendiendo la que comete actos delictivos comunes.
Por otra parte, Estados Unidos está conformando la fuerza marítima conjunta con el Senan. A partir de un memorando de entendimiento entre los dos países, se somete la soberanía y el control de los agentes del Senan que participen de las operaciones marítimas comunes, a lo que decida su contraparte estadounidense. Todo esto se pretende justificar como estrategia para derrotar al narcotráfico.
El control civil ausente
El comisionado del Senan Juan Pino es el ministro de Seguridad Pública en la actualidad. Es el primer uniformado que forma parte del gabinete desde antes de la invasión. El cambio de doctrina de los cuerpos de seguridad pública panameña, la creación del Croan y de la FMC se han hecho sin cambiar una sola ley ni consultar a la Asamblea Nacional. En un tema que bordea directamente con la naturaleza misma de un Estado desmilitarizado, ha existido un consenso de las élites políticas panameñas desde el año 2000, a ceder cada vez más poder a los cuerpos uniformados, y a la interacción directa de Estados Unidos con estos.
En un documental divulgado meses antes de la pandemia, en el canal National Geographic, sobre el trabajo de los Boinas Verdes alrededor del mundo, se presentó un segmento enfocado en la acción de estas fuerzas especiales en Darién. En pantalla aparecían migrantes extracontinentales encontrados en la selva darienita por el Senafront. Un Boina Verde entrevistaba. El narrador del documental explicaba que si no había nada irregular, el migrante podía seguir su camino. En cambio, cuando interrogaban a alguien que era sospechoso, no se dijo lo que pasaba con la persona.
Un alto oficial de Senafront me desmintió que hubiese presencia de fuerzas especiales estadounidenses interrogando migrantes en Darién. La propia revista digital Diálogo, en una publicación del 10 de septiembre de 2019, reconoce que hubo fuerzas especiales de Estados Unidos dando capacitaciones al Senafront ese año.
Mientras todas las transformaciones de los cuerpos de seguridad panameños se han dado en los últimos 20 años sin mayor control civil, queda claro que cada vez es menos lo que los ciudadanos panameños saben de sus organismos de seguridad, y mucho menos sobre cómo controlarlos, exigir rendición de cuentas y decidir como sociedad si queremos activar un ejército. Esa debe ser una decisión panameña.
