El pasado lunes 28 de marzo el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció en cadena nacional de radio y televisión que los ingresos que el Estado percibirá por el nuevo contrato ley minero serán repartidos salomónicamente.
Así, a la caja del Seguro Social le corresponderá el 50% para fortalecer el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Un 20% adicional se destinaría para la mejora de las pensiones de unos 110 mil jubilados que reciben menos de 350 dólares al mes.
Otro 25% será para una combinación de usos que incluyen un “Fideicomiso para la Conquista del Atlántico”, que servirá para financiar proyectos de desarrollo en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, a la vez que proveerá de becas para realizar estudios en el extranjero a los graduados de la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá. El 5% restante sería para el financiamiento del Instituto de Estudios para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente. No hay más para más nadie.
Redactar un contrato ley no es cosa de soplar y hacer botellas. El Contrato Ley 9 de 1997, del cual surgió la explotación minera de Petaquilla y Cobre Panamá, tenía 28 Cláusulas. El Contrato Ley de Refinería Panamá, de principios de la década de 1990, tenía 39 cláusulas. Esto hace pensar que la complejidad de las cláusulas del nuevo contrato ley minero no están en su contenido, si no en la posible controversia de lo que establecen.
Al amarrar la aprobación del contrato ley minero, con el humanitario aumento a unos 110 mil pensionados se consiguió un socio que puede ir a la calle a exigir que se apruebe el Contrato Ley lo más rápido posible. ¿Para qué se necesita un socio que pueda ir a la calle? Para convencer.
Los temas borrascosos
Existe una multiplicidad de escenarios y de situaciones que pudieran estar demorando la divulgación del nuevo contrato ley minero. Aunque la ciudadanía se enfrente al reino de la especulación, es importante ponerle atención a los siguientes temas:
*El problema más obvio que dejan las explotaciones mineras es la falta de un plan de cierre con sus respectivas garantías que sirvan para cubrir los gastos de sanear el entorno de la minería y restaurar lo mejor posible los ecosistemas afectados. El abandono de las minas de Santa Rosa en Veraguas y Petaquilla en Coclé nos dan una idea del alcance del problema.
*La explotación minera de Coclé del Norte cuenta con una gigantesca planta generadora de electricidad a base de carbón de 300 MWH, la única en el país, y una de las más grandes en la región. En tiempos de combate al cambio climático, esa planta le deja un ojo morado a las estadísticas de carbono panameñas. Sería necesario saber si va a ser sustituida, y para cuándo. En caso contrario, es justo que la minera compense al país por las toneladas de carbono que libera a la atmósfera dicha planta.
El equipo negociador de Panamá
El equipo negociador del gobierno estuvo conformado por los ministros de Comercio e Industrias; de Economía y Finanzas, de Ambiente y de Trabajo y Desarrollo Laboral. También lo integraron Adolfo Ahumada, exnegociador de los Tratados Torrijos-Carter; Manuel Orestes Nieto, escritor y diplomático; Daniel Esquivel, asesor experto en Ciencias Geológicas; Ana Méndez, geóloga; Nils Castro, exasesor del general Omar Torrijos Herrera para Asuntos Internacionales, y Roberto Ábrego, diputado presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. Marcel Salamín, diplomático y politólogo, estuvo inicialmente, pero renunció.
*Uno de los recursos más significativos para la actividad minera es el agua de la región. Millones de galones de agua dulce se necesitan para la producción minera, ya que es esta agua la que separa los minerales útiles de los no tan valiosos. La Autoridad del Canal de Panamá le cobra al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) 68 millones de dólares al año por el agua que le vende, e igualmente le cobra a los barcos una tasa por el agua que necesitan en los tránsitos por la vía interoceánica. El negocio minero no sería viable sin esta agua, así que se necesita un precio por ese recurso.
*El desafío más importante para el Estado panameño es la verificación en tiempo real de lo que pasa en la mina, lo que le sucede a los trabajadores, la calidad ambiental y, por supuesto, lo que se extrae y exporta. El gobierno panameño necesita tener una presencia permanente de múltiples agencias estatales, las que deben contar con los recursos humanos y equipos para hacer inspecciones, monitoreos, auditos y llevar el control de toda la actividad minera y sus ramificaciones.
Lo que la repartición se llevó
El monto mínimo “pactado” entre el Estado y la minera es en conjunto un pago de 375 millones de dólares anuales. Sobre una relación actual de 2 mil millones de dólares en ingresos, los pagos del Estado panameño equivalen al menos al 18.75% de los ingresos totales de la mina. Estos son más de nueve veces el pago actualmente en vigencia, de 2%. En tan solo seis meses de negociación se alcanzó este monto, quizás con un poquito más de tiempo se habría obtenido una porción más justa para Panamá.
Lo más llamativo del anuncio del presidente Cortizo es que revela con claridad que el gobierno prefiere asignarle un uso específico a la totalidad de la renta minera, que dejar que entre en a la caja común del Tesoro Nacional, donde los diputados y otros funcionarios encontrarían más nombramientos, gastos de movilización y mayor presupuesto para sus prioridades.
