Los síntomas son parecidos en casi todos los afectados. Muchos dicen sentir un dolor indescriptible; algunos solo pueden dormir tres horas y otros presentan lagunas mentales. Varios afirman que se levantan asustados en medio de la noche, porque tienen pesadillas con la muerte. Es el infierno en la tierra.
Eilyn Gómez, de 22 años de edad, y Omaira Tristán, de 59, son dos rostros visibles del envenenamiento masivo que ocurrió en la Caja de Seguro Social (CSS) en 2006. Hoy, 15 años después de esa tragedia, el drama sigue vivo y las defunciones de pacientes, por año, no se detienen.
Datos que de forma rigurosa lleva el Comité de Familiares de Víctimas por el derecho a la Salud y la Vida indican que cada año mueren entre 15 y 20 personas de las que en 2006 consumieron medicinas contaminadas con dietilenglicol, una sustancia que se emplea como refrigerante para automóviles y que es mortal para los seres humanos.
A esto hay que agregar que los que sobrevivieron al envenenamiento atraviesan por un calvario. Los niños y adolescentes han tenido que abandonar la escuela o la universidad, los pacientes en edad productiva no trabajan por problemas de salud y los adultos mayores están condenados a no salir de sus hogares, porque tienen problemas de memoria.
El drama
Para mediados de 2006, Omaira Tristán padecía una gripe que no la dejaba tranquila y por ello buscó atención en la Policlínica de la CSS en Betania. En la cita médica, le recetaron los jarabes conocidos como expectorante sin azúcar y difenhidramina. Con eso debía sanar.
El efecto fue todo lo contrario. Asegura que desde que consumió los fármacos su vida cambió para mal. “Yo nunca sufría de la presión y ahora sí. Tengo fuertes dolores de cabeza que son como punzadas, alergias, las defensas bajas y daño profundo en los riñones”, contó.
Todo esto llevó a que tuviera que dejar de trabajar, porque desde ese momento gran parte de su vida la dedica a visitas médicas. Define su situación actual como “un infierno en vida”, por una situación que ninguno de ellos debió atravesar.
En su caso, presentó la denuncia ante el Ministerio Público en 2009 y en 2013 fue certificada como parte del grupo de afectados por consumir medicamentos con dietilenglicol. Recibe una pensión de $800 al mes, la cual, remarca, se va toda en medicamentos y también en algunos exámenes que la CSS no puede suministrar.
De momento, las cifras oficiales reflejan que se presentaron 2 mil 298 denuncias por envenenamiento a pacientes, luego de que en 2006 fueran repartidos 220 mil envases con medicinas contaminadas. Desde 2006, las autoridades del Ministerio Público han reportado la muerte de aproximadamente 700 personas por este envenenamiento. El Comité afirma que son muchas más.
Actualmente, unas mil personas reciben la pensión de $800 por mes y otras 300 están esperando que se les reconozca como afectados, debido a que aseguran tener síntomas similares a los certificados: daños en el sistema óseo, neurológico y renal.
La mayor parte de los pacientes recibe atención médica en el Centro Especializado de Toxicología de la CSS, creado en enero de 2011 para “paliar” sus padecimientos.
Tristán señala que cuando este centro operaba en la Policlínica Presidente Remón de la CSS, en Calle 17, corregimiento de Santa Ana, la atención era más “personalizada”, y que todo desmejoró cuando fue trasladado a las instalaciones de la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, en calle 25, Calidonia.
La mujer dejó un recado a las autoridades de la CSS: “el Estado nos envenenó y la oscuridad sigue alrededor de nosotros. Parece que perdieron la hoja de ruta en cuanto a nuestra atención y considero que deben tener un sentido más humano”.
En su momento, la CSS informó que, después de una serie de evaluaciones, se determinó que la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés es el lugar donde se podría brindar a los pacientes de toxicología más de 20 servicios de especialidades y, además, contarían con atención en el servicio de consulta externa en dos turnos, de forma que tuvieran una mejor facilidad de horario y movilización.
Los jóvenes
Eilyn Gómez ahora tiene 22 años; cuando se reportó la tragedia apenas tenía 7. Durante su niñez y adolescencia, en lugar de jugar o asistir al colegio, como cualquier otro infante, pasó el tiempo entre visitas a los hospitales y miedo a morir. “Ella ha tenido sueños con la muerte”, señala su madre, Doris Gutiérrez, quien vive en el corregimiento de Las Mañanitas.
La joven, oriunda de la provincia de Coclé, padecía de bronquitis en 2006, razón por la cual fue trasladada por sus padres a la CSS en esa zona, donde le suministraron seis frascos de los jarabes conocidos como expectorante sin azúcar y difenhidramina.
Poco después comenzó a presentar mareos, dolores en los huesos y vómitos, por lo que con frecuencia tenían que llevarla a la policlínica. Sin embargo, los médicos de esa provincia se limitaban a decir que era un “virus” natural de la etapa de crecimiento de la niña.
Los padres recuerdan que se sentían preocupados porque transcurrían los días y la salud de la pequeña se complicaba. Tenían una leve sospecha, porque el abuelo de Eilyn, Manuel Gómez, ya había fallecido debido a la ingesta de jarabes. Tuvieron que esperar hasta 2009, cuando recibieron una llamada de las autoridades para informarles que la pequeña estaba en la lista de los que habían ingerido el veneno.
Desde aquellos años, Eilyn no es la misma. Siente mucho dolor en las articulaciones, sufre de mareos y depresión. Todo esto le complicó continuar con sus actividades escolares, en secundaria y ahora en la universidad.
Su madre manifiesta lo que vive día a día con Eilyn. “Es mi única hija y sufro tanto lo que atraviesa que hasta yo me estoy enfermando. Hay momentos en que me dice que le duele sólo con tocar su cabello, es un dolor que no se puede describir. Después de 15 años lo único que pido es que no nos olviden”, narró.
José Sarmiento, vicepresidente del Comité de Familiares de Víctimas por el derecho a la Salud y la Vida, subrayó que continúan la lucha para que certifiquen a más de 300 personas, las cuales aún no reciben la pensión.
Asegura, además, que los pacientes reciben una atención a medias, ya que en reiteradas ocasiones no encuentran medicamentos para sus padecimientos o los exámenes se practican con mucha lentitud. “Estas son personas que sufren todos los días y su atención no puede esperar”, apuntó.
Según Gustavo Santamaría, director de Servicios de Salud de la CSS, la mudanza del Centro de Toxicología se dio a solitud de los pacientes, toda vez que estaban en un edificio enfermo y eso afectaba su salud.
“Se vieron varias alternativas y se eligió la Policlínica Manuel Ferrer. Además, allí está la consulta externa de los especialistas que les permite una atención más amplia. El asunto es que usan las mismas instalaciones que los demás asegurados, cuando antes en Santa Ana estaban solos”, indicó.
Santamaría reconoció que en esta época de pandemia tuvieron inconvenientes con la consecución de algunos medicamentos, porque quien los provee ha presentado algún grado de dificultad en suministrarlos. Sin embargo, agrega, tratan de contar con la mayoría de los que requiere esta población.
Su reflexión sobre este envenenamiento masivo fue la siguiente: “Esto es un aprendizaje multidireccional. Primero, debes mantener la mayor cantidad de controles posibles y recordar que los servicios de salud se dan en equipo y que todas las partes son indispensables. Hay que tener claro que toda sustancia debe pasar por registros y controles necesarios”.
