Las negociaciones entre el Estado panameño y Minera Panamá, para lograr un nuevo acuerdo que legalice la extracción en el proyecto Cobre Panamá, continúan.
Desde el pasado 1 de septiembre, cuando por primera vez se sentaron a la mesa, los equipos negociadores, tanto de la minera como del Estado han celebrado 14 reuniones, así como siete de una mesa técnica designada por ambas partes, según informó a este medio el Ministerio de Comercio e Industria (Mici), institución a cargo de Ramón Martínez, quien lidera al equipo estatal en las negociaciones.
Aunque los negociadores no han puesto una fecha límite para llegar a un consenso, el Mici espera concretar un acuerdo el próximo mes.
“Se tiene previsto que se podría alcanzar acuerdos consensuados dentro del próximo mes de enero de 2022”, informó el Mici.
Por ahora, ambas partes han consensuado aspectos ambientales y laborales. Por ejemplo, en el tema laboral se acordó que para contratar trabajadores extranjeros, la empresa se regirá por lo establecido en el Código de Trabajo, es decir, 10% de la planilla o 15% de los trabajos especializados. Además, se pactó el financiamiento de la capacitación técnica de los trabajadores por parte de la empresa, a través de organismos y universidades estatales o a través del centro de enseñanza que funciona dentro de la minera.
Lo difícil de las negociaciones está en el tercer bloque, concerniente al tema económico-fiscal, en el que se intenta llegar a acuerdos.
Esa semana, finalmente se publicó en la Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia, del año 2017, el cual declaró inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, que ampara el contrato del Estado con la sociedad Minera Petaquilla, S.A., hoy Minera Panamá S.A., el cual permitió la minería a cielo abierto en las montañas de Donoso, provincia de Colón.
Para Isais Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental, organismo que demandó ante la Corte la Ley 9 de 1997, la publicación del fallo (y también de una “aclaración” por parte del pleno de la Corte) agota las excusas para el cumplimiento de la ley, pues espera el pronunciamiento inmediato del Ministerio de Comercio sobre “el cese de las operaciones” de la mina en Colón.
“La seguridad jurídica y el Estado de derecho deben ser garantizados. Nuestra Constitución importa y tiene que hacerse valer por parte de todos, en especial de las autoridades que juraron protegerla”, dijo.
