Christian Vieira Piad, el jefe de atención ciudadana de la Junta Comunal de Bella Vista que en enero pasado alertó que el restaurante La Fragata violaba la cuarentena para evitar los contagios por la Covid-19, vive un vía crucis.
Enfrenta una denuncia penal por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad, recurso que fue interpuesto por el dueño de La Fragata. Es decir, de denunciante pasó a ser denunciado.
La historia de Vieira Piad es la siguiente. Tiene siete años de laborar en la junta comunal de Bella Vista, que dirige el panameñista Ricardo Ricky Domínguez. En octubre de 2019, se le delegaron funciones de inspector legal de ese corregimiento, razón por la que la noche del 26 de enero de este año, ante las quejas de vecinos que informaban que La Fragata se encontraba abierto y violando las normas del Ministerio de Salud, se apersonó al lugar. Con celular en mano, grabó a los comensales, pero además tuvo un cruce de palabras con los trabajadores del local, quienes, según contó, lo agredieron y retuvieron. Era la segunda vez que La Fragata violaba la cuarentena, pues en agosto de 2020 el restaurante había sido sancionado por un hecho similar.
Tiempo después de este hecho, Vieira Piad se enteró de que el representante legal de La Fragata lo había denunciado. A su juicio, esta acción es la de menos, pues cualquier ciudadano que sienta que un funcionario hizo algo malo tiene derecho a denunciarlo. Lo que lo sorprende e indigna es que Fernando Caballero, asesor administrativo del Departamento de Asesoría Legal y Justicia del Municipio de Panamá, había testificado a favor de La Fragata.
Según Vieira Piad contó ayer a La Prensa, en su declaración ante la fiscalía, Caballero señaló que él, como inspector, no estaba facultado para visitar comercios, y que no envió informe sobre el caso. “Esto me sorprendió bastante, porque fue exactamente él quien me entregó, meses antes, la boleta con la que cite a La Fragata y, además, teníamos una buena relación en el departamento de inspectoría... Yo pensaba que la alcaldía apoyaría la institucionalidad municipal y a los funcionarios que ellos mismos capacitan, le entregan la boleteras, pero no fue así”, dijo.
El Decreto Alcaldicio No. 3 de 2018 delega las funciones que tienen los inspectores de legal, los oficiales de cumplimiento y la policía municipal del Municipio de Panamá. Allí, según Vieira Piad, el inspector tiene la facultad de hacer inspecciones a comercios, lotes baldíos y chivas parranderas, ante reportes de violaciones a las normativas municipales. Para Vieira Piad, su caso manda un mensaje a los funcionarios, sobre todo inspectores, para que se autocensuren al momento de hacer su trabajo, ya que no se sabe si la persona a la que se le llama la atención tendrá algún vínculo con la Alcaldía. “Esto es un precedente”, acotó.
Este medio llamó al Departamento de Legal y Justicia del Municipio de Panamá para conocer la versión de Caballero, pero en esa oficina informaron que desde hace algunos días ya no laboraba ahí.
En un hilo de Twitter, Vieira Piad aseguró que la multa a La Fragata fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia.
En junio pasado, Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, dijo que esa multa (de $5 mil) ya había sido cancelada.
🧵Hilo de cómo terminé querellado penalmente por intentar cumplir mi deber como funcionario en el caso de la La Fragata.
— ChristianVieiraPiad (@cvpiad) August 5, 2021
Soy Jefe de Atención Ciudadana de la @JCBellaVista, y desde octubre de 2019 me delegaron funciones de Inspector de Legal en el corregimiento de Bella Vista. https://t.co/1PERuvJjfI
