El procurador de la Administración, Rigoberto González, despejó las dudas de si se pueden o no suspender los gastos de representación, dietas y otros emolumentos que cobran funcionarios con altos cargos en el Estado. González concluyó que la medida “es viable” si se hace a través de una ley.
Esa norma, de acuerdo con el Procurador, debe disponer “la limitación a la que quedaría sujeto este emolumento reconocido a aquellos servidores públicos en razón de los cargos y funciones que desempeñan”.
“En cuanto a la viabilidad jurídica de suspender, durante el estado de emergencia, el pago de los gastos de representación, dietas y otros emolumentos mientras los servidores públicos no estén ejerciendo plenamente las funciones inherentes a sus respectivos cargos, somos de la opinión que solo una norma legal de carácter sustantivo podría válidamente autorizar la suspensión temporal”, contestó González a la consulta hecha en junio pasado por el abogado David Montenegro.
La semana pasada, la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que, precisamente, contempla la reducción de salarios de altos funcionarios como una forma de disminuir el gasto público en medio de la pandemia de la Covid-19.
El proyecto, que ya se encuentra dentro de la agenda del pleno legislativo para su segundo y tercer debate, plantea recortar el salario y gastos de representación en 50% al Presidente y Vicepresidente, mientras que para otros funcionarios [ministros, viceministros, administradores y directores de entidades, entre otros] la reducción será de 25%.
Debido a la crisis sanitaria, en el país se han suspendido más de 270 mil contratos laborales en el sector privado, mientras el Gobierno sigue operando con una planilla de 236 mil 486 funcionarios, muchos de los cuales reciben gastos de representación.
González también dejó claro que “éticamente es incorrecto cobrar gastos sin estar trabajando en las condiciones normales”, tema que está fundamentado en la Constitución y en el Código de Ética.
En ese sentido, recordó que, en un principio, ante la consulta hecha por el Ministerio de la Presidencia sobre si se podía hacer un descuento voluntario a funcionarios de 20% para ayudar el plan Panamá Solidario, la Procuraduría informó que ese mismo descuento cabía a los gastos de representación.
González es uno de los pocos funcionarios que públicamente ha comunicado su decisión de donar a Panamá Solidario sus gastos de representación.