En momentos en que varios de los partidos políticos tienen pugnas internas por el control del poder, ciudadanos recogen firmas para una constituyente paralela, el Ejecutivo puso en marcha el llamado pacto del Bicentenario y el país busca recuperarse de los estragos de la pandemia, ayer se dio el primer paso para la discusión del proyecto de ley que reforma el Código Electoral.
El debate arrancó seis meses después de que el proyecto llegó a la Asamblea Nacional (AN) de manos de los magistrados del Tribunal Electoral (TE), quienes pidieron a los diputados discutir y aprobar la propuesta antes de octubre, cuando finaliza la actual legislatura.
“Para el Tribunal Electoral es importante que este proyecto se convierta en ley de la República antes de octubre de este año, para que el Tribunal pueda empezar en enero próximo un proceso de docencia a nivel nacional de la ley de reforma y para cumplir el nuevo calendario”, dijo el magistrado Heriberto Araúz.
Sin embargo, ayer presentaron las primeras quejas contra lo que plantea el proyecto, que consta de 230 artículos. Por ejemplo, el exmandatario y actual presidente del partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli, tildó el documento de “porquería” y opinó que hay que tener una ley moderna, en la que el TE no sea la última instancia, sino la Corte Suprema de Justicia.
En tanto, la Comisión de Gobierno decidió que discutirá el proyecto en bloques.
Asamblea Nacional pone la mirada en la reforma electoral
La Comisión de Gobierno de la Asamblea –a cargo del diputado perredista Víctor Castillo– dio ayer el primer paso para iniciar la discusión del proyecto de ley 544, que reforma el Código Electoral de cara a los comicios generales de 2024.
La discusión arrancó en el auditorio de la AN con la lectura de un resumen del proyecto, de 230 artículos, que fue discutido por la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
Allí se decidió que el documento será discutido por bloques, desde el miércoles de la próxima semana.
Temas
Entre los cambios que plantea el proyecto está adelantar el calendario del proceso electoral y que arranque en febrero de 2022, para que las candidaturas estén en firme a más tardar en diciembre de 2023.
Asimismo, la eliminación del fuero penal electoral para los políticos y solo mantener el fuero laboral para quienes trabajen en las elecciones.
La propuesta mantiene las donaciones privadas para las campañas, pero prohíbe que los contratistas con el Estado puedan donar. Elimina los aportes de personas y empresas condenadas por corrupción, blanqueo y otros delitos, y contempla la paridad y alternancia de género en las postulaciones.
El encuentro de ayer se inició seis meses después de que el proyecto fuera presentado ante el pleno de la Asamblea. En el auditorio estaban presidentes y activistas de partidos políticos, el fiscal electoral, los magistrados del Tribunal Electoral (TE), dirigentes del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, entre otros.
El magistrado presidente del TE, Heriberto Araúz, pidió a la Asamblea aprobar el proyecto en esta legislatura. “Para el Tribunal Electoral es importante que este proyecto se convierta en ley de la República antes de octubre de este año, para que el Tribunal pueda empezar en enero próximo un proceso de docencia a nivel nacional de la ley de reforma y para cumplir el nuevo calendario”, dijo.
Enfatizó que una de las reformas más importante es la “recalendarización del torneo electoral”, de tal forma que a diciembre de 2023 todas las candidaturas queden en firme y cuando empiece la campaña en enero de 2024 las reglas estén claras y no se vuelva a dar lo que ocurrió en el país en las últimas elecciones, que faltando tres semanas para los comicios todavía el TE estaba resolviendo impugnaciones.
Mientras tanto, la diputada de Cambio Democrático Marylín Vallarino recordó las debilidades del proceso anterior. Se quejó de que en la contienda pasada casi le roban su curul. Acusó a “funcionarios que no hicieron su trabajo”.
El diputado independiente Juan Diego Vásquez pidió al presidente de la Comisión que el debate sea público, transparente, claro y participativo, y que se convoque a todos los actores para que se pueda hacer una reforma para la gente.
