En el año marcado por la pandemia, las quejas por abuso policial se instalaron en la agenda pública del país.
Prueba de ello es que hasta la fecha en la Defensoría del Pueblo reposan 25 denuncias por supuesto exceso de fuerza policial en distintos ámbitos y circunstancias.
El artículo 4 de la Ley 5 de febrero de 1997 que crea la Defensoría del Pueblo faculta a esta institución para investigar los actos u omisiones de las autoridades y servidores públicos que impliquen violaciones a los derechos establecidos en el título III de la Constitución Política. Es decir, las garantías fundamentales, derechos que de acuerdo con múltiples voces han quedado en jaque en este 2020, principalmente cuando agentes del control de multitudes de la Policía Nacional (PN) usan su fuerza y elementos de combate para contener a ciudadanos que han protestado por distintos hechos.
Gas pimienta, garrote y arrestos sobresalen en este escenario una y otra vez.
Uno de los jóvenes que fue detenido en una manifestación que se desarrolló en la capital el pasado 29 de octubre, y quien pidió el anonimato, aseguró que “el Estado intenta hacer de las manifestaciones un crimen”. “Preocupa además la inacción cómplice de la Defensoría del Pueblo que parece desconocer su rol, y el silencio de la Corte Suprema de Justicia. El presidente [Laurentino Cortizo] propone un diálogo ‘cerrando brechas’ mientras policías golpean en la cara a manifestantes, y se endeuda al país (...)”, agumentó.
Pero también se han dado hechos aislados, como el del chef Carlos Daniel Chombolín Alba, quien en septiembre pasado denunció haber sido ultrajado por policías cuando se negó a hacerse una prueba de alcoholemia por razones higiénicas. “Me gané dos rodillazos en la cabeza, y tres en el cuerpo”, narró en sus redes sociales después del hecho.
En noviembre pasado, la Defensoría abrió una investigación de oficio luego de que por lo menos 10 policías agredieran a un hombre que vendía pan en Villa Lorena, corregimiento de Río Abajo, en la capital.
Hasta el momento se desconoce el estatus de los casos que investiga la Defensoría. El defensor Eduardo Leblanc, ha dicho que “no claudicará” al momento de defender los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, ha recibido críticas por algunos guiños a favor de los cuerpos de seguridad.
Por ejemplo, luego de la represión y arresto a 27 jóvenes que protestaron la tarde del 16 de diciembre, salió a aclarar que quien había requisado a una mujer que se quejó de abuso por parte de la policía, “fue una dama”.
“Y sigue siendo abuso tocar de manera indebida a otra mujer”, le respondió Teresita Yániz de Arias en Twitter.
Curundú ayer
Precisamente Leblanc se pronunció ayer en su cuenta de Twitter para referirse a un incidente registrado en Curundú con la policía.
“Que lastima en esta navidad personas del mal vivir agreden con armas de fuego a las unidades de @ProtegeryServir en el área de #curundu”, escribió.
Resulta que personal de la Policía entró al barrio capitalino a impedir una celebración navideña y fueron atacados a tiros. En medio del suceso se detuvo a una persona.
Más preparación
Abogados consultados advierten de que falta preparar a la fuerza pública en temas relacionados con derechos humanos y garantías fundamentales de los ciudadanos.
Uno de los que sustenta esta posición es Ernesto Cedeño, quien de paso dice que no ve certeza de castigo para figuras de alto perfil.
No dio nombres pero, uno de los que ha estado en el ojo de la tormenta cuando se registran incidentes relacionados con uso de la fuerza por parte de policías es el director de la entidad, Jorge Miranda. Organizaciones han pedido su renuncia en múltiples ocasiones, precisamente por los hechos de presunto abuso contra ciudadanos.
Juan Carlos Araúz, presi dente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que es importante poner en contexto que la Policía como institución no puede cargar con el comportamiento fuera de cualquier protocolo de “algunas unidades”. “La población debe recuperar la confianza, y garantía de ello es [permitir] que las protestas se realicen con libertad”, mencionó. También advirtió de que “toda jefatura institucional” debe rechazar el actuar no profesional en los estamentos de seguridad, iniciando por el Presidente de la República.
Jaime Abad, exdirector de la antigua Policía Técnica Judicial, recordó que hace 40 años en cualquier evento en que se concentraban personas si se formaba una pelea, llegaba un policía y su sola presencia apaciguaba los ánimos y había respeto. Pero, ahora, añadió, uno o varios policías no pueden controlar una reyerta tumultuaria porque la gente “es sumamente agresiva”. “Si bien es cierto que el procedimiento de la fuerza pública está regulado, yo creo que más tarde que temprano se va a tener que regular el comportamiento de los ciudadanos para que la fuerza pública sea eficiente para controlar cualquier alteración del orden público”, dijo.
Pero, ¿qué dice la Policía sobre el tema? Cada vez que se registra un hecho emite un comunicado en el que afirma que investiga el asunto. Hasta el momento se desconoce cuál ha sido el resultado de esas investigaciones. En la mayoría de los casos han justificado el actuar de los uniformados.
Luego de los incidentes producto de la protesta ciudadana del pasado 16 de diciembre, tanto Miranda, como el subdirector de la entidad, Alexis Muñoz, defendieron la táctica de sus agentes. Aseguraron que defendían la propiedad pública, y algunas “unidades” se defendieron de agresiones de los manifestantes.