Quien incumpla alguna medida zoosanitaria o cometa algún delito contra algún animal doméstico será castigado con multas que van de $100 a $1,000, trabajo comunitario y cursos de 40 horas sobre el cuidado de los animales. Así quedó establecido en el proyecto de ley 173, que modifica la Ley 70 de 2012 sobre la protección de animales domésticos, y el Código Penal, aprobado por la Asamblea Nacional.
La propuesta, que espera sanción presidencial, dispone castigar la zoofilia, e impone al dueño de la mascota la obligación de tener al día sus controles médicos.
Dos leyes en busca del bienestar animal
Reglas, sanciones y un programa para promover mejores prácticas sobre la protección de animales son algunas de las normas establecidas en los proyectos de ley 39 y 173, que aprobó el pleno de la Asamblea Nacional, y que ya fueron enviados al Ejecutivo para su respectiva sanción.
Ambas propuestas buscan la protección de los animales, aunque sus objetivos se enfocan en aspectos diferentes. El proyecto 173, que impulsaron diputados de la bancada independiente, establece deberes a los propietarios de animales domésticos. Por ejemplo, deberán tener presente siete medidas zoosanitarias y, de violarlas, se les impondrá una multa. En caso de infringir estas disposiciones o cometer delitos, las sanciones van de $100 a $1,000.
Se hace obligatorio que el propietario mantenga al día su registro de vacunación o control veterinario; que cuando se saque a pasear a la mascota recolecte su excremento, y se deja claro que en caso de que el animal esté amarrado por razones de seguridad, se le debe mantener una cadena o soga que no lo maltrate, que le permita moverse y tener acceso a su fuente de alimentación e hidratación, así como libertad para descansar y defecar sin contacto directo con las heces. También se establece que quien posea varios animales domésticos, deberá evitar el hacinamiento.
La infracción de estas medidas zoosanitarias conlleva sanciones de $100 a $300, aplicable por los jueces de paz, quienes quedan con la competencia para actuar en casos de molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura; así como por violencia, maltrato o lesiones contra estos. Si se producen lesiones contra estos animales, el juez de paz podrá ordenar al municipio respectivo la inspección del lugar de los hechos y, de ser necesario, el decomiso del animal maltratado.
La norma contempla como delitos llevar a cabo prácticas de zoofilia o propiciarlas, y las lesiones leves, las cuales serán castigadas con sanciones que van de $500 a $1,000, trabajo comunitario y la obligación de asistir a un “curso de 40 horas en materia de derechos de los animales y no maltrato”.
De ser sancionado el proyecto, también será un delito que el propietario de un animal doméstico lo abandone, que no le provea de alimentación adecuada, que lo mantenga -deliberada o negligentemente- en condiciones sanitarias inadecuadas, o en jaulas inapropiadas, según su especie y tamaño.
Asimismo, no proveerle tratamiento médico, en caso de ser necesario, y no protegerlo contra las inclemencias del tiempo si está en áreas exteriores de la vivienda. Todas estas faltas serán sancionadas “con $100 a $1,000, con trabajo comunitario y la obligación de asistir al curso sobre derechos de los animales.
Programa Municipal
El proyecto de ley 39 –impulsado por la perredista Zulay Rodríguez y otros diputados– busca crear programas municipales de bienestar animal para capacitar a la comunidad sobre la tenencia responsable de mascotas. Serán creados en cada distrito del país y deberán promover campañas de esterilización, vacunación y desparasitación, y realizar ferias de adopción de animales de la calle.
De igual manera, les compete atender, orientar y dar seguimiento a las denuncias que llegan ante los jueces de paz, junto con las juntas comunales, oenegés, rescatistas independientes e instituciones vinculadas al tema.
El Programa Municipal de Bienestar Animal tendrá cuatro funcionarios. Para ser jefe del programa se requiere, entre otras cosas, ser panameño, poseer título de médico veterinario o carreras afines, no haber sido condenado por delitos contra la vida silvestre o contra animales domésticos y tener solvencia moral en su distrito. Este proyecto de ley también crea el Programa de Voluntariado de Protectores de Animales, que apoyará a los miembros del programa municipal de bienestar animal.
Todo municipio deberá contar con un Consejo Consultivo de Bienestar Animal para asegurar la debida implementación de los programas, el cual estará dirigido por el alcalde.