Que se reconozca el pago de la prima de antigüedad de los servidores públicos y la constitución de los órganos superiores de carrera administrativa. Esto es lo que busca el proyecto de ley 524, aprobado en primer debate por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con la propuesta, este derecho se le reconocerá al servidor permanente, transitorio, contingente o de carrera administrativa y de otras carreras públicas y leyes especiales, en aplicación del artículo 5 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, de carrera administrativa.
Añade que se excluirán del pago de esta prima los funcionarios que llegan al puesto con un gobierno: ministros, directores, gerentes, entre otros, y directores de sociedades anónimas en las que el Estado tenga una participación mayoritaria en el capital accionario. Igualmente, quedaría excluido el personal que fue nombrado por consultoría bajo el amparo de las leyes de contrataciones públicas y de presupuesto general del Estado y, en general, todos aquellos servidores públicos que son de libre nombramiento y remoción, conforme al artículo 307 de la Constitución.
La propuesta, que consta de nueve artículos, es impulsada por los perredistas Leandro Ávila y Héctor Brands, y ya ha levantado voces a favor y en contra. Para el economista y exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, no es mala la propuesta, pues ya otras instituciones otorgan ese beneficio. Pero, advirtió que debe ir dirigida al empleado de carrera y no para favorecer designaciones políticas.
Cristian Ábrego, de la oenegé Conciencia Ciudadana, dijo que parece ser una vía más para incrementar los ya abultados beneficios económicos que tienen los servidores públicos. “Eso, más el gasto exorbitante que hay hoy en planillas y las dietas que se cobran por reunión. Siguen buscando incrementar una planilla estatal que crece año tras año, a pesar de todo y pandemia”, dijo.
Planteó que en lugar de buscar reducir el tamaño del gasto estatal en funcionarios, parece que van en sentido contrario, y enfocan los esfuerzos a favorecer a servidores públicos que ya han sido históricamente beneficiados.
Ávila ha dicho que la propuesta nace debido a que no se ha puesto a funcionar el Tribunal de la Carrera Administrativa. “En estos momentos hay 20 mil pensionados en espera de hacer efectivo este derecho”, alegó.
