El levantamiento gradual de la ley seca llegó con una categórica advertencia de las autoridades sanitarias de que si se incumplen las medidas de control, se podría retomar la prohibición total de vender y consumir licor, y con una actitud reticente, incluso de desafío a la orden del Ejecutivo, de varios alcaldes del país, que prometen una batalla legal para extender esta veda, impuesta desde el pasado 25 de marzo, como parte de las restricciones en medio de la crisis sanitaria.
El pasado viernes, en conferencia de prensa, la ministra de Salud, Rosario Turner, dijo que vigilarán el “fiel cumplimiento del Decreto 612”, que establece la flexibilización de la ley seca. Advirtió, de forma tajante, que en caso de que esta medida sea incumplida “se retornará a la prohibición total”.
“Le hemos pedido a todos los directores regionales y directores médicos estar pendiente en el cumplimiento de este decreto”, dijo.
Jorge Quintero, director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), también hizo advertencias a los comercios para que cumplan con la norma.
El Decreto Ejecutivo 612 promulgado a eso de las 3:45 p.m. del viernes en la Gaceta Oficial, permite en los municipios, comunidades, regiones o provincias, que no tengan cerco sanitario, la distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Solo se podrá vender o despachar por persona seis unidades de cerveza, una botella de vino o una de licor de cualquier tipo. Los restaurantes que ofrezcan servicio a domicilio, en tanto, solo podrán incluir una bebida por pedido.
Se prohíbe el uso del bono solidario o cualquier otro subsidio otorgado por el Estado, para la compra de bebidas alcohólicas. Asimismo, la norma dispone que la venta solo será para el consumo personal y domiciliario, dentro del marco de las restricciones de movilidad vigentes.
Entre las provincias en las que se mantienen cercos sanitarios se encuentran Panamá Oeste, Colón y Coclé.
El Ministerio de Salud (Minsa), la Acodeco y el Ministerio de Seguridad, en conjunto con la Policía Nacional, llevarán a cabo operativos para verificar el cumplimiento del decreto. Hay que recordar que el ministro de Seguridad, Juan Pino, ha defendido la prohibición en el contexto de la Covid-19 alegando, entre otras cosas, que el licor hace que la gente se desinhiba y salga a la calle.
Evalúan medidas
La decisión del Ejecutivo no es bien aceptada por la mayoría de los alcaldes del país. Aseguran que cumplirán el decreto, aunque no comparten la medida y responsabilizan al presidente de la República, Laurentino Cortizo, de las posibles consecuencias de la flexibilización de la ley seca.
Cortizo firma el Decreto Ejecutivo 612 con la ministra Tuner. Sin embargo, el tema ha formado parte de las discusiones en el Gabinete y en otras instancias de gobierno y de la sociedad.
Julio Vivies, alcalde de Montijo, Veraguas, y presidente de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), en conversación con este medio dijo que están en desacuerdo con la medida y advirtió que los asesores legales de Amupa y de diferentes municipios “están trabajando para ver qué podemos hacer dentro de lo legal”.
Cree que el licor no se debe comercializar por estos días. “Nos mantenemos en nuestra posición de que no es la decisión más correcta”, insistió Vivies, quien, al igual que Cortizo, forma parte del Partido Revolucionario Democrático.
A su juicio, ese decreto desautoriza a los alcaldes. “Se está lacerando la autonomía de las instituciones municipales... Tenemos un presidente que no consulta, que no escucha , que no dialoga y que no quiere conversar con los gobiernos locales. Más valen las presiones y los intereses económicos que la salud y la vida de los ciudadanos”, dijo.
Vivies teme a la conducta de la gente. “Vamos a a ver qué pasa, si incrementa o no el comportamiento irracional de los ciudadanos, la violencia doméstica, la violación a los decretos de no circulación, los contagios, si se aplana o no la curva”.
No es la primera vez que los gobiernos locales le exigen algo a Cortizo. El año pasado le pidieron $20 mil dólares para cada alcalde para celebrar las fiestas de Navidad y del Día de las Madres, lo que generó muchas críticas. Además, en las últimas semanas han pedido apoyo al gobierno central ante la caída de los ingresos. En algunos casos, alegan que los fondos no alcanzan ni para pagar la planilla.
Samid Sandoval, alcalde de Santiago, respaldó la posición de Vivies y dijo que aunque aplicará el decreto, el Gobierno no analizó la situación de su municipio, ya que la mayoría de los casos de Covid-19 en Veraguas están en ese distrito. Sandoval había emitido un decreto que establecía la ley seca hasta el 7 de junio. Ahora analiza con sus abogados qué hacer.
El alcalde de Boquete, Joswar Alvarado, quien había emitido un decreto alcaldicio este viernes anunciando que iba a mantener la ley seca hasta que durara el estado de emergencia, manifestó ayer que también consulta con los abogados. Reconoce que su decisión queda sin sustento con el Decreto Ejecutivo 612. “Somos respetuosos de las leyes y velaremos porque se cumpla, pero ha sido un error garrafal para el país permitir que se quite la ley seca. Lo que necesitamos es salvaguardar las personas en su hogar en un buen estado mental”, planteó.
Dijo que no han recibido ayuda del Gobierno y que desconoce si les asignarán agentes policiales o más funcionarios, “porque los municipios no tienen recursos para hacerle frente a la gran cantidad de denuncias y quejas que vendrán”.
Al respecto, el Decreto Ejecutivo 612 señala que los municipios que, por razones administrativas o económicas, tengan dificultades para el cumplimiento de estas medidas, “deberán coordinar con el Ministerio de Gobierno y con la Secretaría de Descentralización, lo necesario para su implementación y ejecución”.
También la dirigencia de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, que lidera Nelva Reyes, consideró que fue una decisión poco responsable del Gobierno, especialmente porque no se ha entregado el bono o la ayuda, incluso a personas con contratos suspendidos.
“La Organización Mundial de la Salud ha manifestado, entre otras cosas, que los efectos del alcohol generan diversas afecciones de salud que contribuirían a incrementar los casos de personas en los establecimientos de salud, así como los casos de depresión y ansiedad. Situaciones estas que deben evitarse, por ya tener la suficiente demanda en los hospitales de los casos con Covid-19”, dice el comunicado.
Por su parte, el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega anunció que acatará la medida del Ejecutivo, debido a que se establece la compra limitada en envases cerrados y el consumo moderado en el domicilio.
Fábrega, a diferencia de sus colegas, señala que la ley seca no ha tenido mayor incidencia en los contagios y tampoco ha frenado la comisión de delitos. Considera que con esto se desincentiva la comercialización de bebidas hechas sin controles, como el chirrisco y la chicha fuerte.
En su momento, el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, dijo que “la venta de licor tiene baja incidencia en el contagio”, por lo que se tomó la decisión de flexibilizar gradualmente la ley seca.
Debate jurídico
La flexibilización de la ley seca también ha encendido un debate jurídico. Hay quienes consideran que los alcaldes se encuentran desarmados ante la medida del Ejecutivo, debido a que no se eliminó el Decreto Ejecutivo 507 del 24 de marzo, que prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas, sino que solo se modificó. Otros señalan que los alcaldes pueden tratar de aprobar acuerdos municipales y mantener la ley seca en sus distritos.
La Constitución establece en su título VIII, capítulo 2, sobre régimen municipal, artículo 34, que las autoridades municipales deben cumplir las leyes, decretos y órdenes del Ejecutivo, así como resoluciones de las autoridades de justicia y administrativas.
Además, el artículo 242 de la Carta Magna, que establece la función del Consejo Municipal, señala que los acuerdos municipales tienen fuerza de ley dentro del respectivo municipio.
“Aquí se está dando un choque de interpretación de la Constitución ... la decisión se debió tomar en un acuerdo con los municipios”, argumentó el catedrático Miguel Antonio Bernal.
La Ley 38 de 2000, que habla de los procedimientos administrativos generales, en su artículo 35 establece una estructura jurídica de prioridades legales donde las decisiones del poder Ejecutivo están por encima de los acuerdos municipales o decretos alcaldicios.
El abogado Ernesto Cedeño consideró que aunque no les guste la decisión del Ejecutivo, los alcaldes deben acatarla.
Igual opinión tiene Carlos Ernesto González, quien cita el artículo 18 de la Constitución. “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por emisión de estas en el ejercicio de éstas”.
Para González, esto significa que “la autoridad no puede prohibir nada que no sea por ley. En el caso de la llamada ley seca, no hay ley que le dé esa potestad a los alcaldes”.